"Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia", indicó el Gobierno a través de la cuenta de la Presidencia en X.
En la madrugada del 20 de enero, delincuentes hicieron detonar un auto cargado con dinamita frente a la sede del Ministerio Público de Trujillo, causando daños al inmueble y a otros aledaños, aunque no se reportaron víctimas.
La fiscal general, Delia Espinoza, responsabilizó del hecho a mafias de minería ilegal que operan en la jurisdicción.
Por su parte, el Gobierno condenó los "ataques terroristas de bandas criminales" y se comprometió a reafirmar el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales y distritales para garantizar la seguridad ciudadana.
El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en Trujillo por 30 días desde el 10 de diciembre del año pasado. La medida respondió a la grave presencia de organizaciones criminales de minería ilegal, dedicadas principalmente a la extracción de oro.