Horas antes, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó a Caracas una "pronta y efectiva investigación" de, al menos,
28 asesinatos en las protestas que se registraron en el país tras las elecciones presidenciales de julio.
Türk afirmó que se necesitaban negociaciones políticas "urgentes" para lograr un "camino viable" en Venezuela y consideró como "vital" que las autoridades "respeten" las normas internacionales, proporcionen alimentos y atención a los detenidos.
En el documento, la Administración de Nicolás Maduro denunció que Turk, a quien señaló de tener "las manos manchadas de sangre, producto del asesinato de niños y niñas en Gaza, Siria y Líbano", pretende atacar a Venezuela "repitiendo la narrativa fabricada por la extrema derecha venezolana".
Caracas también señaló que la oficina de ONU se convirtió en "espacio al servicio de los sectores que promueven el caos, la desestabilización y la intervención extranjera, ignorando deliberadamente las acciones violentas financiadas desde el exterior".
Venezuela afirmó que es un Estado soberano y garante de los derechos humanos y que las instituciones del país han actuado "con estricto respeto a la ley, garantizando derechos y otorgando beneficios procesales a los detenidos".
Además, el Gobierno rechazó los ataques contra leyes legítimas, como la Ley de ONG y la Ley contra el Bloqueo Imperialista, que protegen a nuestra nación de actividades desestabilizadoras y agresiones externas dirigidas a socavar nuestra soberanía".
Asimismo, Caracas calificó de errático el comportamiento de la OACNUDH y le recordó al titular que Venezuela "no aceptará intentos de tutela ni injerencias coloniales disfrazadas de preocupaciones por los derechos humanos".
Finalmente, el Gobierno exigió "respeto absoluto por su institucionalidad y democracia", y reiteró que "continuará defendiendo con firmeza su independencia frente a los ataques de cualquier potencia extranjera o sus cómplices internos".
