"Con 332 votos a favor y 119 en contra, la Cámara de Diputados avala, en lo general y en lo particular, reforma en materia de simplificación orgánica. Pasa al Senado", anunció la Cámara baja en su cuenta oficial de la red social X.
La reforma plantea la extinción de diversos organismos y la redistribución de sus funciones en el Ejecutivo federal.
El dictamen deroga las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que data de 2002, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2004).
También elimina las siguientes entidades autónomas: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), creada en 1992; la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 1993); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2008); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2013); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, 2019).
Los ahorros por la extinción de estos entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son parte de la política de asistencia social del Gobierno federal.
El dictamen
Según el dictamen, al eliminar como entidad autónoma al IFT, su función se ejercerá "a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión" en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La reforma constitucional impulsada por la bancada oficialista establece que el Gobierno garantizará "el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet".
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales "estará protegida por los sujetos obligados, que contarán con facultades suficientes para su atención", según el texto aprobado.
Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, lamentó la extinción de este órgano autónomo, a 22 años de su fundación.
"Hoy es un día triste para la democracia, porque el INAI ha sido, más allá de la utilidad social que tiene, un pilar para la democracia mexicana, ha fortalecido y permitido que las personas conozcan información pública para a partir de ello realizar un ejercicio de rendición de cuentas ciudadana", dijo Alcalá a medios locales.
Al desaparecer el Coneval, fundado hace dos décadas, el organismo encargado de normar el Sistema Nacional de Información Estadística también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de programas de la política de desarrollo social.
La misma entidad que lleva las cuentas nacionales será la encargada de "emitir recomendaciones" en materia de pobreza y desarrollo social.
Un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para "conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos".
También conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.
El Congreso tendrá un plazo de noventa días naturales —a partir de la entrada en vigor del decreto— para adecuar las leyes que correspondan para darle cumplimiento a la eliminación de esas instituciones del Estado.
El Poder Ejecutivo deberá emitir los decretos de extinción correspondientes, indica el decreto.
La diputada Alejandra Castillo, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que la abolición de entidades autónomas "pondrá fin a los abusos, privilegios, así como a recursos públicos malgastados y onerosos en beneficio de unos pocos".
Por la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN centroderecha), el diputado José Guillermo Anaya señaló que la intención del oficialismo es tener "una caja de un mago donde no salga nada de información y se mantenga todo en la opacidad, llevarnos al precipicio, a la época de las cavernas".
El diputado opositor de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), Gustavo Adolfo de Hoyos señaló que la eliminación de los organismos autónomos "induce a la opacidad, promueve la improvisación y privilegia la discrecionalidad al suprimir controles democráticos y contrapesos, sentando los cimientos de una nueva regresión democrática".
Los entes autónomos, colegiados, especializados y profesionales serán reemplazados por estructuras centralizadas, que el líder opositor estima serán "proclives al sectarismo y al alineamiento político-electoral".
Los organismos costaban al erario el equivalente a unos 1.600 millones de dólares.
Los cambios son parte de un paquete de 20 reformas a la Constitución promovidas al final del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con apoyo de su sucesora y correligionaria, Claudia Sheinbaum.
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