Recientemente, los diputados franceses votaron a favor de un impuesto sobre los alimentos azucarados, el cual, sin embargo, no aplicará para pequeñas empresas como panaderías o galleterías artesanales, muy comunes en Francia.
Lo que busca el país europeo con este gravamen es frenar el crecimiento de los niveles de obesidad entre la población.
Esta aprobación, indica el diario británico The Times, ha generado controversia en un país cuyo orgullo nacional se basa, al menos en parte, "en un sentimiento de superioridad gastronómica cada vez más amenazado".
El plan se presenta cuando el 17,4% de la población francesa padece obesidad, una cifra alta si se compara con el 8,5% registrado en 1997 y el 15% en 2012.
"Lo que muchos expertos recomiendan es utilizar la recaudación del impuesto para ayudar a la gente a comer cosas que son buenas para nosotros. Si se mejoran los costes de producción, inevitablemente los fabricantes cambian la receta de sus productos y mejoran la calidad", dijo Boris Hansel, nutricionista del Hospital Bichat de París, consultado por The Times.
Mientras Geneviève Darrieussecq, ministra de Sanidad, apoyó la propuesta, Annie Genevard, Ministra de Agricultura, afirmó que la medida supondría “un duro golpe para nuestras empresas en un momento en que luchan por defender su posición en los mercados mundiales”.
Michel Barnier, el primer ministro, aún no ha manifestado su postura.
El diario francés Le Figaro recuerda que en 2012 fue introducido en el país el impuesto sobre las bebidas azucaradas, conocido como ‘impuesto sobre los refrescos’, que, sin embargo, ha tenido poco efecto porque se considera demasiado bajo. Una bebida que contenga más de 8 gramos de azúcar por cada 100 ml está gravada con 0,14 euros por litro en Francia.
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