"Con 81 votos a favor y 36 en contra, se aprueba la respuesta a la consulta de la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia respecto a la procedencia de la eliminación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF)", publicó la Cámara Alta en su cuenta de la red social X.
La reforma contempla la elección por voto popular de las máximas cortes y unos 1.600 jueces federales y fue impugnada por magistrados alegando presuntas violaciones a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, solicitó una consulta al Congreso en relación con la orden emitida por la jueza Juárez que exige a la presidenta Sheinbaum que elimine el acto de su antecesor y correligionario, Andrés Manuel López Obrador, a dos semanas de terminar su mandato sexenal.
"Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica de Presidencia", dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
El 4 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una impugnación para revisar la reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso.
La consulta aprobada por el máximo tribunal abrió la puerta a los magistrados para analizar el proceso legislativo como fondo del asunto, que concierne a la reforma a la Constitución para elegir el Poder Judicial por voto universal.
Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral de México anunció la tarde del miércoles (23 de octubre) que continuará la organización de los comicios extraordinarios que estaban suspendidos, para elegir por voto popular a unos 1.600 magistrados de las máximas cortes y tribunales en 2025 y 2027, tras un fallo del Tribunal Electoral.
La resolución del Tribunal Electoral establece que "es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales".
Horas más tarde, comisiones del Senado de México aprobaron con los votos de la bancada del oficialismo un dictamen para avanzar una reforma constitucional que impediría las controversias judiciales o acciones legales de inconstitucionalidad contra cambios a la Carta Magna, y será sometido a votación en el pleno de la Cámara Alta.
Numerosos juicios han sido abiertos por jueces y magistrados inconformes que han solicitado la protección del máximo tribunal mediante amparos judiciales en marcha, que podrían desembocar en un fallo de la Suprema Corte en contra de la mayoría oficialista en el Congreso.
Los tres poderes del Estado mexicano están enfrascados en conflicto que podría desembocar en una inédita controversia constitucional, el máximo tribunal decreta que la reforma viola la carta magna y pactos internacionales del país norteamericano.
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