"Una vez más se ha mostrado un total desprecio por las normas jurídicas internacionales y se ha enviado otra señal de que EEUU, a su entender, puede disponer de la propiedad soberana de otro Estado", indicó Zajárova en un comunicado.
El 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de EEUU confirmó la incautación de la aeronave e informó que el procedimiento se ejecutó con base en las violaciones de las leyes de sanciones y control de exportaciones.
Por su parte, Caracas denunció la confiscación del avión como un acto de "piratería" y acusó a Washington de utilizar su poderío económico y militar para "amedrentar y presionar" a países como República Dominicana "para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales".
Según la administración de Nicolás Maduro, EEUU "desprecia" el derecho internacional y "pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad".
Venezuela manifestó que la medida forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno reelecto el pasado 28 de julio y advirtió que "se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal" de sanciones.
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