El Gobierno ecuatoriano se puso como objetivo la construcción de 37 centrales eléctricas de cara al año 2032, con el objetivo de superar la crisis energética que llevó al país a enfrentar apagones masivos en sus principales ciudades.
La meta consta en el Plan Maestro de Electricidad divulgado en los últimos días por el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Daniel Noboa, que consigna la necesidad de ejecutar "obras de gran trascendencia para el desarrollo del Ecuador que permitan abastecer adecuadamente la creciente demanda de energía eléctrica del país".
El documento incluye, en ese sentido, un Plan de Expansión de Generación 2023-2032 que implica la realización de unas 37 nuevas centrales eléctricas —entre hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y de biomasa, entre otras— para ampliar la capacidad instalada del país en 7.404 megavatios. La ampliación de la capacidad representa casi un 50% más de la actual, estimada en 8.247 megavatios generados en unas 327 centrales en funcionamiento.
Según calcula el medio ecuatoriano Primicias a partir del documento, la concreción de esta ampliación demandaría una inversión de 10.446,5 millones de dólares, una cifra que representa cerca del 9% del actual Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo ansía que gran parte de estos proyectos sean impulsados por empresas privadas. El documento indica, de hecho, que al menos 16 de los 37 proyectos están en manos de privados.
"Ecuador tiene un enorme potencial de recursos y, solo en energía hidroeléctrica, puede tener un crecimiento de 20 veces lo que se explota actualmente. Pero el gran problema es normativo y en la aplicación de los subsidios eléctricos", dijo a Sputnik el experto en temas energéticos Jorge Luis Hidalgo.
Según el analista, el Estado ecuatoriano vende energía eléctrica con altos subsidios a las grandes empresas, lo que "desincentiva a los inversores en nueva generación de energía". Eso hace, por ejemplo, que en la actualidad cerca del 96% de la generación de electricidad del país esté en manos estatales y no haya mayores incentivos para el ingreso de privados al sector.
Hidalgo puso como ejemplo que en Ecuador "la gran minería" solo paga entre cinco y ocho centavos de dólar el kilovatio por hora (KWh), cuando la propia Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables del país calculó en 2018 que una tarifa de 8 centavos solo cubriría el costo de la generación, sin tener en cuenta otros rubros como la transmisión o la amortización de las inversiones realizadas.
"La fórmula para el desastre"
El experto subrayó que Ecuador no contabiliza costos como la amortización de inversiones en las tarifas, lo que hace que la energía eléctrica estatal resulte mucho más barata que las que puedan ofrecer generadores privados, que sí deben incluir en sus precios finales las inversiones y los costos operacionales que han tenido.
El analista puso como ejemplo el caso reciente de la empresa Ecuacorriente, que opera desde 2019 el proyecto minero Mirador Norte, en la provincia de Zamora Chinchipe (sur), actualmente la mayor mina de cobre de Ecuador, con una producción de 7.000 toneladas diarias. Si bien en un principio la empresa de capitales chinos tenía previsto invertir en su propia represa hidroeléctrica para autoabastecerse —una práctica que según Hidalgo es común en otros países en este tipo de grandes proyectos—, resolvió desistir de la inversión.
Hidalgo consideró que a la compañía le resulta más rentable adquirir la electricidad subsidiada por el Estado ecuatoriano, lo que no solo desincentiva nuevas inversiones energéticas, sino que obliga al Gobierno ecuatoriano a hacer mayores gastos para satisfacer esa gran demanda.
"Desde la época de Lenín Moreno (2017-2021) se le bajaron aún más las tarifas a las grandes mineras y grandes industrias, dándoles un precio de entre cinco y ocho centavos el KWh, cuando la población en general paga entre 9 y 68 centavos el KWh", advirtió el analista.
Hidalgo remarcó incluso que el Estado ecuatoriano se ve obligado a importar energía eléctrica desde Colombia a precios "de hasta 40 centavos el KWk" para luego venderlo a las grandes empresas a cinco centavos. "Es obvio que así la gran minera no invirtió en su propia generación, como sí lo hace en Chile, Perú o Colombia, porque le resulta más viable mantenerse en este subsidio que hacer sus propias inversiones", detalló.
El experto lamentó que el país consolida "la fórmula perfecta para el desastre" porque, mientras no hay incentivos para una mayor participación privada en la generación eléctrica, el Estado ecuatoriano "no tiene recursos" y pierde fondos para destinarlos al mantenimiento y la operación de sus centrales eléctricas. Hidalgo recordó que el país no volvió a construir centrales eléctricas desde la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, inaugurada en 2016, a pesar de que la demanda de electricidad per cápita ha ido en aumento desde entonces.
"Necesitamos construir más hidroeléctricas, pero el país también necesita diversificarse con más energía solar, mayor participación eólica y mayor robustez en la termoelectricidad", apuntó el experto. En ese sentido, valoró que por sus características geográficas, Ecuador tiene un gran potencial para este tipo de fuentes, ya que su ubicación sobre la línea ecuatorial le proporciona "12 horas de sol con buena radiación", zonas con fuertes vientos y recursos gasíferos importantes.
Por esa razón, Hidalgo consideró que es posible captar el interés privado para hacer las obras previstas hacia 2032, siempre que se corrija el esquema de subsidios y precios. "Es viable y necesario y hay muchos capitales privados interesados, pero tiene que haber reformas estructurales", opinó el analista.
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