En este sentido, el decreto de ley 88/2024, referido a esos actores económicos, resulta mucho más abarcador que el anterior: el 46/2021 —constituido para regular la creación y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes)— y comprende actualizaciones vinculadas a las leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería, aprobadas recientemente.
De igual manera, incluye la oficialización del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, subordinado al Consejo de Ministros y conducido por Mercedes López Acea, encargado de las necesidades, demandas y control del sector privado, considerado como un actor complementario de la economía.
Para el profesor titular Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, "todas las entidades deben cumplir con las leyes del país, pero en este caso debería revisarse la forma de implementación, pues esta debe estar acorde con las realidades y particularidades de las mipymes y aligerar su carga administrativa".
En declaraciones a Sputnik, apuntó que ese método de control, desde el punto de vista de la ciencia económica, "ha demostrado ser limitado e ineficiente en experiencias precedentes", y, a su juicio, para la conformación de este tipo de medidas deben "tomar en cuenta que el mercado es una realidad objetiva en la construcción del socialismo moderno".
Por tanto, los empresarios privados "tomarán decisiones al respecto después de analizar las afectaciones y oportunidades incluidas dentro del nuevo cuerpo legal".
¿Trabas u oportunidades?
De acuerdo con el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, entre las principales transformaciones de estos decretos están los cambios en el proceso de aprobación de las mipymes, responsabilidad ahora de los consejos de la administración municipal (CAM).
Además, "se agregan nuevas prohibiciones de oficios a realizar, si bien es positivo el reforzamiento de la protección de los derechos laborales de los trabajadores en el sector privado; creo que los documentos no reflejan lo esperado por los empresarios cubanos, aunque no constituye un retroceso a lo aprobado en 2021", apuntó a Sputnik.
Sumado a ello, estas medidas "hacen más engorrosa la documentación que deben presentar los nuevos actores económicos del sector no estatal o las cooperativas para materializar su creación".
El actual instrumento jurídico establece, además, que los privados deberán registrar en su cuenta bancaria todas sus operaciones y vender sus bienes y servicios en pesos cubanos, y determina como delitos no emplear los canales digitales de pago o no usar la cuenta fiscal.
A su juicio, si bien era necesario una mayor revisión de las actividades de comercialización privada, especialmente la evasión del fisco, no es idóneo imponer un control excesivo a un sector que "demostró en solo 2 años de su conformación, la posibilidad de abastecer de productos a más del 44 % de las necesidades de la sociedad, como lo hizo en 2023 cuando importó casi 1.000 millones de dólares".
En consideración del entrevistado, en este 2024 se espera que las ventas de esos actores económicos superen las ventas estatales, si tenemos en cuenta que solo en el primer semestre del año en curso ya la importación de las mipymes alcanzaba los 662 millones de dólares.
Sobre el tema el académico Luis René Fernández Tabío añadió que, antes de plantear una obligatoriedad, respecto a la venta de bienes y servicios en MN, es preciso tener en cuenta las limitaciones del sistema bancario cubano, la inexistencia de un tipo de cambio efectivo y los casi infranqueables obstáculos impuestos por el bloqueo estadounidense al movimiento financiero transfronterizo desde y hacia la isla.
De acuerdo con las autoridades de la nación caribeña, estas normativas fortalecen el sistema contravencional del país, a partir del orden, control y disciplina necesarios para el funcionamiento de esos actores; unido a ello, las medidas homogenizan el tratamiento en materia laboral, de seguridad social y lo legalmente establecido para todos los representantes del sector no estatal.
Dentro de los cambios positivos señalan que los empleados contratados por el titular ya no tendrán que registrarse como trabajadores por cuenta propia (TCP), pues el dueño del negocio deberá cumplir con lo determinado en la legislación laboral, con lo cual promueven el respeto a los derechos y contrarrestan la informalidad.
¿Qué sucede con el sector principal?
Dentro del sistema empresarial de la mayor de las Antillas, el estatal resulta el sector prioritario y principal, no obstante, según el economista Omar Everleny Pérez las acciones encaminadas para revitalizarlo, no se reflejan, hasta el día de hoy, en mayor producción.
Ejemplo de ello, señaló, resultan una esfera azucarera "en picada", "el turismo no crece a las tasas planificadas, caen las principales producciones agrícolas, entre otros elementos, sin embargo, no puede decirse que son en vano, pero no se reflejan aún en el crecimiento de los principales rubros estatales".
Por su parte, Fernández Tabío consideró que para su dinamización las empresas estatales "necesitan tener las atribuciones legales y administrativas para comportarse realmente como tal y que sus directivos sean empresarios capaces de asumir beneficios y riesgos; actualmente, salvo algunas excepciones son entidades dependientes de los niveles superiores de dirección".
De ahí que, si tienen pérdidas, al no ser enteramente responsables de los resultados, el presupuesto del Estado cubre esa falta.
"Es cierto que el déficit fiscal es sumamente grande y constituye una fuente principal de la actual inflación, pero si se busca reducirlo se requieren acciones integrales, primero en el sector estatal e incluso en el presupuestario. En estos sectores fundamentales, debe exigirse un empleo más racional y eficiente de los gastos", concluyó.
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