El Gobierno de Javier Milei dispuso el desmantelamiento de un área fundamental para la búsqueda del paradero de los niños —hijos de desaparecidos— apropiados por los militares durante la última dictadura que sufrió Argentina (1976-1983). La medida supone un punto de quiebre respecto a la política desplegada en el país desde el regreso de la democracia.
A través de un decreto, el Poder Ejecutivo cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Sin esta herramienta, la oficina ya no podrá liderar las averiguaciones para avanzar en la misión iniciada hace 46 años por la emblemática organización Abuelas de Plaza de Mayo.
Creada en 1992 a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño —que establecía el derecho a la identidad—, la Conadi fue concebida como un organismo gubernamental para hallar a los hijos de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto. Puntualmente, la Unidad Especial de Investigación nació en 2004 facultada para acceder a todos los archivos del Estado que pudieran servir para recuperar a los nietos apropiados por militares.
Gracias al trabajo mancomunado entre el Estado y la organización Abuelas de Plaza de Mayo, 137 personas pudieron recuperar su verdadera identidad. Los organismos de Derechos Humanos estiman que aún hay más de 300 hijos de desaparecidos que no conocen su verdadera historia, producto del pacto de silencio sembrado entre los militares responsables de sus apropiaciones.
El argumento central que esgrime el Gobierno es que la unidad en cuestión no debería llevar a cabo investigaciones, ya que esta tarea constituye una atribución del Poder Judicial. Sin embargo, la decisión se inscribe en un marco particular: días antes del cierre del organismo, la política argentina se vio convulsionada por la visita de seis legisladores oficialistas a represores presos por delitos de lesa humanidad.
La oposición no tardó en reaccionar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, anunció la creación de una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura. "En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", publicó el mandatario en sus redes sociales, junto a una fotografía con Estela De Carlotto, la emblemática titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
¿Fin de una política de Estado?
Entre 2019 y 2023, Horacio Pietragalla Corti ocupó el rol de secretario de Derechos Humanos de la Nación. Su designación reviste un esencial componente simbólico: hijo de desaparecidos por la dictadura, es uno de los nietos que logró recuperar su identidad gracias al trabajo de los organismos de Derechos Humanos.
En diálogo con Sputnik, el exfuncionario remarcó que "más allá de su intento, no van a lograr frenar los juicios por los crímenes de la dictadura, incluso aunque los reivindiquen. Esto es parte de la batalla cultural que plantean contra los organismos de Derechos Humanos, y por eso es un retroceso muy fuerte".
"Esto que está llevando a cabo el Gobierno va a ser una anécdota en la historia de nuestro país. Vamos a seguir luchando contra estos vaivenes de momentos políticos, pero la historia la escribimos bien grande. Hoy hay más de 1.100 condenados por delitos de lesa humanidad y eso nos tiene que dar orgullo", remarcó Pietragalla.
En diálogo con Sputnik, Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y también nieta recuperada gracias a Abuelas de Plaza de Mayo, destacó que "la Conadi es fundamental para agilizar los trámites burocráticos que antes llevaban años. Básicamente, ahí se condensa la apuesta del Estado argentino por encauzar la restitución de identidades".
"Es una decisión que nos aleja de la búsqueda de la verdad y la justicia, que es también recuperar el derecho a la identidad. Todavía hay cientos de personas que merecen acceder a su historia", esgrimió la diputada porteña.
La batalla cultural
Según ambos entrevistados, la medida resulta inescindible de la discusión que plantea sembrar el Gobierno en torno al accionar represivo del terrorismo de Estado encarnado en el régimen de facto. De acuerdo a su lectura, el cierre de la Unidad Especial de Investigación responde a lo que el oficialismo denomina "batalla cultural".
"Desde que asumió, Milei ha buscado provocar retrocesos: esto quedó de manifiesto en el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y en el despido de su personal. La visita del Gobierno a los genocidas presos comulga con la postura que ha expresado públicamente la vicepresidente, Victoria Villarruel, que llegó a su cargo gracias a la difusión de su mensaje negacionista", sostuvo Pietragalla.
Al respecto, Montenegro subrayó que "claramente el Gobierno busca proteger a los genocidas, y por eso hay que reaccionar rápidamente. Las Abuelas de Plaza de Mayo han recorrido un largo camino durante estos 41 años de democracia y no podemos dar un paso atrás como este".
"El proceso de juzgamiento que llevó adelante Argentina es histórico y único en el mundo. Lo que hizo el país con quienes llevaron adelante los peores delitos que puede cometer un ser humano es realmente ejemplar", afirmó Pietragalla.
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