Así lo consideró en entrevista con Sputnik Guillermo Suárez Borges, máster en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), para quien las disposiciones anunciadas tienen un alcance parcial y pudieran verse limitadas por sanciones unilaterales de mayor calado, como la inclusión del país caribeño en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
"La sola incorporación en este listado pudiera evitar la aplicación práctica de esas decisiones. Sumado a ello, los bancos podrían tener dudas sobre la restauración de la confianza para garantizar determinados servicios a entidades de la isla, incluso, si son independientes. Esto como consecuencia de la gran cantidad de multas y la agresiva política asumida por Washington", indicó.
Para el académico, aunque las medidas pudieran verse "en la dirección correcta", eso no obliga a las instituciones bancarias a cumplir con lo establecido en las instancias gubernamentales, por tanto, resulta perceptible "la habitual politización, que reitera el interés de dividir a la sociedad cubana en una actividad tan lógica y normal como el comercio con su vecino más cercano".
Además, argumentó, estas enmiendas a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, que implementan las políticas notificadas por el actual ejecutivo el 16 de mayo de 2022, no tocan la estructura del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas desde hace 60 años y eso también influye en la aplicación práctica de las mismas.
"Estas nuevas iniciativas impiden que esferas públicas tan significativas como la salud y la educación puedan beneficiarse de esta aparente relajación de sanciones, justo por ser esos derechos garantizados por el Estado. Igualmente, lo anunciado es perfectamente reversible en caso de que llegara una nueva Administración a la Casa Blanca", advirtió.
¿Qué establecen las enmiendas a las regulaciones?
Las correcciones a las normativas, en apariencia, apoyarán los servicios relacionados con el intercambio de comunicaciones mediante internet, así como la capacitación, instalación, reparación y reemplazo de artículos asociados con este campo o aquellos utilizados para el impulso de programas informáticos que mejoren la libre circulación de información o contribuyan con las actividades del sector privado.
Asimismo, autorizan la exportación o reexportación de programas informáticos y aplicaciones móviles de origen cubano desde EEUU a terceros países; de igual manera, sustituyó la definición de "trabajador autónomo" por el término "empresario independiente del sector privado", para la inclusión de las cooperativas o pequeñas empresas del sector no estatal.
También concede a los empresarios independientes la apertura, mantenimiento y utilización a distancia de cuentas bancarias en territorio estadounidense, incluso mediante plataformas de pago en línea, para la realización de transacciones, entre ellas, las denominadas U-turn, transferencias que se originan y terminan fuera de Estados Unidos, proceso vetado en 2019 por la Administración Trump (1917-1921).
Sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla adelantó que el Gobierno estudiará esas medidas y "si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque sea solo a un segmento, no obstaculizará su aplicación", si bien resaltó la intención de Washington de "castigar al sector estatal", garante de servicios esenciales como: educación, salud, cultura, deporte y otros.
Igualmente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció en su perfil en la red social X, antes Twitter, que "las medidas anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba son limitadas, restrictivas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra nuestro país, ni las demás sanciones de su política de máxima presión".
Objetivos de las medidas
Esas enmiendas a regulaciones de activos cubanos están amparadas legalmente por la aplicación a Cuba—una decisión ininterrumpida de los presidentes estadounidenses desde Dwight D. Eisenhower (1953-1961) hasta la fecha— de la Ley de Comercio con el enemigo, aprobada por el Congreso Federal en 1917 y orientada a la restricción del comercio con naciones hostiles a EEUU.
Esta legislación solo se aplica a la nación caribeña, si bien la isla nunca ha tenido un conflicto armado ni agredido a ese país, pero "desde entonces se nos considera un enemigo oficial de Estados Unidos, su puesta en práctica o no es una potestad del Ejecutivo, por tanto, si existiera la voluntad ya se hubiera podido eliminar", señaló a Sputnik Ernesto Domínguez, doctor en Ciencias Históricas.
Ello incluye, además, según el profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (UH), las listas de entidades y personas sancionadas y aquellas regulaciones aplicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro.
Detrás de todo eso existe, a juicio del académico, el interés explícito de hacer al sector privado independiente del Estado, que esos actores consideren sus apoyos fuera de Cuba y los obstáculos para su posible desarrollo como responsabilidad del Gobierno de la nación caribeña, "con el discurso adicional de que ese es un sector no solo promotor de su actividad, sino también del crecimiento de la economía y la mejoría del ingreso de la población".
"Está orientada a estimular separación, conflictos y fracturas para establecer una postura política determinada, probablemente en contradicción abierta con el Gobierno de la isla. Las acciones de Estados Unidos no están dirigidas a ayudar al pueblo cubano, están encauzadas al avance de sus intereses y la recuperación del control sobre el país caribeño por la vía que sea", afirmó.
Para Luis René Fernández Tabío, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular y estudioso del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana, queda demostrado que cualquier segmentación de la economía genera ineficiencias y resulta perjudicial para cualquier sistema económico.
"El proceso de reforma en la nación caribeña plantea, aunque todavía no está totalmente armonizado, el encadenamiento del sector público y privado. Por tanto, las medidas comunicadas por la OFAC buscan crear tensiones adicionales respecto a las transformaciones y ajustes del sistema económico cubano", puntualizó a Sputnik.
En su opinión, no hay dudas de que esta decisión está influida por el momento previo a los comicios presidenciales de noviembre próximo, "esas ideas fueron engavetadas desde 2022, por los temores y debilidades de la Administración Biden. El hecho de que sus asesores, al no sentirse seguros de lograr la reelección, echen mano a esta carta sugiere que tratan de recuperar a los votantes, traicionados por el incumplimiento de las propuestas de su anterior campaña".
En consideración del catedrático, si bien las disposiciones comunicadas aún dejan interrogantes, parecen ofrecer posibilidades para los negocios privados en general en los campos del software, la economía digital y las transacciones bancarias, no obstante, cuantificar su efecto es muy difícil en este momento.
"El rápido crecimiento del sector privado en la mayoría de los casos, la expansión del empleo y el monto de las transferencias internacionales y las importaciones realizadas contra viento y marea, cabe esperar que este sector podrá acelerar su crecimiento y aumentar su relevancia en la economía cubana, si las medidas anunciadas se llevan a la práctica", acotó.
¿Beneficios para el sector privado?
Por su parte, el investigador y profesor titular de la Universidad de la Habana (UH) Hassan Pérez Casabona expresó a Sputnik que la intención es establecer una diferencia entre los nuevos actores emergentes de la esfera privada y el amplio entramado de la economía estatal, aunque "desde la concepción cubana cada una de estas partes constituye un campo central de nuestro desarrollo".
De acuerdo con el doctor en Ciencias Históricas por la UH "no solamente son limitadas e incompletas, en muchos casos son irrealizables e inviables porque permanecen las ideas centrales de sanciones actualizadas, renovadas y recrudecidas, y la inclusión en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo".
La salida de la nación antillana de la lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo y estas medidas "reflejan el cuestionamiento hacia la Administración Biden que ha estado, hasta el momento, huérfana de una visión propia hacia Cuba".
Según Domínguez la aparición de este discurso no significa que el sistema de sanciones vigente no afecte de manera directa al sector privado; anteriormente, incluso durante el mandato de Barack Obama, se eliminó la prohibición sobre los bancos estadounidenses de operar con La Habana y, sin embargo, esto no se produjo dada la existencia de otras limitaciones asociadas al bloqueo.
"La posibilidad real de que pueda beneficiar al empresariado privado es cuando menos limitada. Haría falta un estudio detenido y detallado sobre las regulaciones vigentes para ver hasta qué punto existe una ayuda real. De hecho, la tendencia es a incluir un discurso de flexibilización, sin que ello se traduzca en medidas con un real aporte", añadió.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.