Las llegadas de inmigrantes irregulares a España por vía marítima y terrestre aumentaron un 82,1% con respecto a 2022 y elevaron tal contingente hasta las 56.853 personas. La cifra está protagonizada por el fuerte incremento del arribo de embarcaciones, a menudo frágiles, a las costas canarias provenientes del continente africano.
Estas estadísticas se contienen en el último informe quincenal publicado por el Ministerio del Interior, que presenta datos acumulados de la inmigración irregular en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. En el balance resalta la cifra de 39.910 inmigrantes irregulares llegados a las costas de las islas Canarias en 610 pateras y cayucos, un 154,5% más que en 2022.
En conjunto, la vía marítima para entrar en España de forma ilegal subió un 92,3%, alcanzando las 55.618 personas, sumadas los que arribaron a las playas de la península y del archipiélago en el mar Mediterráneo, las Islas Baleares. Con todo, no se ha batido el récord de 2018, cuando se detectó la llegada irregular de casi 64.300 extranjeros.
Si en su totalidad la vía marítima experimentó un aumento del 92,3% (hasta las 55.618 personas), la opción terrestre registró un claro descenso: a los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla solo accedieron 1.234 personas, un 46,1% menos que en 2022.
Seguridad Vs. Derechos
En el Ministerio del Interior recuerdan que el fenómeno de la inmigración irregular atiende a razones "estructurales" y que afecta a toda la UE, en tanto que España es una de sus fronteras exteriores, por lo que el pacto migratorio suscrito en diciembre de 2023 activará mecanismos de ayuda con los países receptores de los mayores flujos.
Sin embargo, el pacto europeo sobre migración y asilo suscita dudas en las ONG, pues muchas estiman que no tiene en cuenta los derechos de las personas. En Accem, por ejemplo, critican que el espíritu del pacto se haya gobernado por el aspecto de la seguridad antes que por "un enfoque garantista de los derechos humanos".
"Nos preocupa el establecimiento de un nuevo procedimiento acelerado en frontera, con privación de libertad, que puede durar hasta seis meses, mientras se resuelven los expedientes, lo que supone una ampliación de los plazos de detención, incluso en el caso de los menores de edad", declara esta ONG en un comunicado.
En cualquier caso, el aumento de la llegada de inmigrantes irregulares se produce a pesar de la colaboración con los países de origen y tránsito del flujo migratorio en la lucha contra las mafias de tráfico de personas.
Según el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, el despliegue el 16 de octubre de un dispositivo de la Guardia Civil en Senegal, que incluyó un avión CN-235 de vigilancia marítima en Dakar, redujo un 46% las llegadas irregulares a Canarias. Un total de 59 embarcaciones y 7.213 personas fueron interceptadas en las costas senegalesas y gambianas hasta el 15 de diciembre.
Canarias, bajo presión
La publicación de los datos del Ministerio del Interior se produjo en menos de 48 horas después de la visita a Canarias de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a quien el presidente regional canario, Fernando Clavijo, trasladó el 2 de enero su preocupación ante la tensa situación que viven las islas, cuya capacidad se ve desbordada, en particular para atender a los miles de menores no acompañados.
Como ejemplo de la presión que soporta la región que preside, Fernando Clavijo expuso que EEUU, con una población de más de 300 millones de personas, tiene bajo su tutela a 11.700 menores, mientras que Canarias, de apenas 2.200.000 habitantes, tutela un total de 4.500.
La ministra Saiz prometió impulsar cambios en materia legislativa de protección de menores, pues la actual ley no consigna sino como una opción la distribución y acogida por territorios de los inmigrantes menores de edad no acompañados. En consecuencia, se depende de la solidaridad entre regiones, y algunos territorios están más sobrecargados que otros.
A los migrantes adultos se les da traslado a la península y se les distribuye por la red de acogida que gestionan las ONG, pero los menores son responsabilidad de las autoridades de las regiones a las que llegan.
"Ahora mismo hay 4.500 de ellos en Canarias, pero no hay una operatividad real para poder acogerlos con todas las garantías", explica a Sputnik Miriam Suárez, técnica de comunicación e incidencias de CEAR-Canarias, la sucursal en el archipiélago de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Suárez recuerda que los reclamos al respecto del presidente autonómico canario y también los de su antecesor "no son nuevos" y van en la dirección de activar entre las distintas regiones de España una "corresponsabilidad" para afrontar el problema, la cual "no se está llevando a cabo". Con todo, asegura esta trabajadora humanitaria, la situación "ha mejorado", pues los centros de acogida de inmigrantes se hallan en Canarias "al 70% de ocupación".
"El motivo principal por el que los centros no están saturados es por la velocidad de los traslados, bastante eficientes, a península", afirma Suárez, que detalla que el proceso se culmina en una semana, a más tardar. Los problemas son menores en comparación a los experimentados durante la pandemia, cuando CEAR no pudo siquiera atender la esencia de su negociado, "la parte del acceso a la solicitud de protección internacional".
Tutela problemática
La cifra de 4.500 niños y adolescentes extranjeros bajo tutela del Gobierno canario es el doble de la que había antes de mediados de 2023, según datos del Gobierno autonómico del archipiélago. Desde 2021 solo unos 700 han sido derivados a la península, luego de un acuerdo interregional para obrar su reparto por los distintos territorios españoles.
"Hay que garantizar que la distribución territorial garantice los procesos de inclusión", subraya Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR-Canarias, que en declaraciones a Sputnik explica que la problemática no se limita a la infancia, sino también "cuando se convierten con 18 años en personas tuteladas".
Y en este punto, recuerda, Canarias "no dispone de una capacidad operativa garantista" para gestionar "de una manera solvente" los 4.500 menores que actualmente tutela el Gobierno de Canarias. "Nos es imposible desarrollar un proceso educativo mínimamente integrador", lamenta.
"Si el sistema se ve comprometido, las garantías se fragilizan. Así que hemos tenido episodios de dificultades para acceder al derecho de asilo, para obtener la tutela judicial efectiva. Aunque esto se ha ido normalizando y corrigiendo en la última parte de 2023 y en lo que llevamos de 2024", admite Lorenzo.
Una ruta letal
La composición de la oleada de inmigrantes llegados a las islas Canarias revela que "el 20% son menores acompañados o no de sus padres y el 7% son mujeres", en palabras de J.C. Lorenzo. Las personas provienen de 38 países, entre los que destacan Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Marruecos, Guinea-Conakri y Mali. Este último, "de una manera muy significativa, sobre todo en la última parte del año", explica.
Según Lorenzo, la ruta canaria partió en 2023 de dos puntos diferenciados. "En el primer semestre, partía del sur de Marruecos y del norte del Sahara Occidental, para llegar principalmente a Lanzarote y en menor medida a Fuerteventura y Las Palmas. En el segundo, la ruta partió de Senegal, Gambia, Mauritania con llegadas a las islas de El Hierro y Tenerife", detalla.
13 de noviembre 2023, 20:48 GMT
Esta segunda vía entraña un peligro mortal, al ser más larga. "La ruta hacia la parte oriental de Canarias es la más arriesgada, es donde más personas mueren", añade M. Suárez, que estima que es "la última opción" para los inmigrantes.
"La ruta desde Marruecos es la mayoritaria, pero a veces hay problemas para salir debido a la presión de la Policía marroquí. De ahí que la gente que tenga esos problemas elija la ruta hacia El Hierro, que es una isla muy pequeña y que no tiene capacidad para acogerlos, pero los traslados han sido muy rápidos", explica. Las periféricas El Hierro y Lanzarote son islas con una capacidad de recepción y acogida muy limitada, de ahí que se hayan experimentado situaciones de "inequidad territorial", agrega J. C. Lorenzo.
"La ruta canaria ha estado caracterizada por el drama y según la Organización Internacional de las Migraciones, al menos 860 personas fallecieron, aunque sabemos que son muchas más, porque los naufragios son invisibles".
La razón por la que los migrantes emprenden la travesía por el Atlántico obedece a aspectos "estructurales", explica J. C. Lorenzo, que cita la "ruina económica y la falta de un horizonte vital" como elementos que fuerzan a estas personas a jugarse la vida en las aguas del océano, además de los motivos derivados de contextos dominados por conflictos bélicos y de violencia contra las mujeres.
Las organizaciones humanitarias tienen la sensación de estar en un estado de crisis constante, ante lo cual no cabe conformarse. "Hay que evitar el riesgo de cronificarnos en la emergencia, trazar políticas de inclusión es fundamental. Hay que poner el foco en la sostenibilidad, no solo en cuanto a recursos, también en su dignidad. Y hay que atender a la convivencia intercultural de una sociedad de acogida como la canaria y la española", concluye Juan Carlos Lorenzo.
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