Desde que comenzó el sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se han logrado decomisar 7.565 kilos de fentanilo y fueron desmantelados 1.740 laboratorios en los que se elaboraban varias drogas sintéticas.
El anuncio se da en momentos en que el consumo masivo de fentanilo afecta a cientos de miles de estadounidenses, provocando tensiones entre los Gobiernos de México y Washington. Mientras el país latinoamericano asegura que hace todo lo posible por combatir al crimen organizado, Estados Unidos sostiene que esas acciones no son suficientes y responsabiliza a las autoridades mexicanas de buena parte de la crisis de opioides que enfrenta la sociedad norteamericana.
En lo que va del año México ha decomisado 1.727 kilogramos de fentanilo
© Foto : Gobierno de México
El 30 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que el país norteamericano impuso sanciones contra 17 personas y entidades de China y México por sus presuntos vínculos con la producción de narcóticos como el fentanilo, destinados a los mercados estadounidenses. De los 17 actores castigados, 13 operan en la República Popular China y cuatro tienen su matriz en suelo mexicano.
Según las autoridades estadounidenses, las sanciones son parte de un enfoque de Biden para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas de fentanilo en todo el mundo.
De acuerdo con los últimos reportes de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), más de 107.000 personas murieron por sobredosis de drogas en ese país. Unos 88.000 de estos decesos fueron provocados por consumo de opioides como el fentanilo.
Pekín, por su parte, ha rechazado categóricamente tener alguna responsabilidad en el tráfico ilegal de fentanilo y ha pedido a Washington que se enfoque en solucionar sus problemas internos de salud pública en lugar de señalar a terceros.
"Las cosas que Estados Unidos ha estado haciendo hasta ahora para abordar sus preocupaciones sobre el problema de las drogas, ya sean tácticas de presión, coerción o algún tipo de operaciones ilegales, son básicamente chivos expiatorios. Esto no funcionará y no beneficia a nadie", dijo la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning.
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