Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, considerado mano derecha del exmandatario argentino Mauricio Macri (2015-2019), fue declarado en rebeldía por la jueza María Servini debido a que no compareció en el proceso en el que se lo investiga por extorsión y hostigamiento al conglomerado empresarial Grupo Indalo durante 2015.
Ante la negativa a declarar de Pepín Rodríguez, la jueza Servini ordenó la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus activos bancarios. Una vez que se supo que el indagado vive en Uruguay desde 2020, Interpol emitió una alerta roja en su contra para su detención.
Extorsión, hostigamiento y orden de captura internacional
Pepín Rodríguez es acusado de operar durante el Gobierno de Macri la llamada mesa judicial que culminó en la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, perteneciente a Grupo Indalo, en 2016.
El entonces asesor de Macri fue señalado por extorsionar al grupo empresarial para que pusiera sus medios de comunicación —canal C5N, Radio 10, el diario Ámbito Financiero, entre otros— "al servicio del macrismo", explicó Página 12. La negativa llevó a que el grupo inversor perdiese concesiones, como la autopista Ezeiza-Cañuelas de la provincia de Buenos Aires, y finalmente condujo a la quiebra de Oil Combustibles.
Por la bancarrota de la petrolera, los principales accionistas del grupo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, fueron recluidos durante 22 meses en el Penal Federal de Ezeiza, luego de que se argumentara que "habían vendido el grupo empresario, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado", precisó el medio argentino.
La jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó en septiembre de 2019 que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito, tras lo cual comienza la hégira de Rodríguez lejos del radar de la Justicia de su país, que de manera formal no lo acusó de delito alguno, sino que lo llamó a indagatorias, a las que nunca se presentó.
Desde 2020, Pepín Rodríguez se encuentra en su casa de verano en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, donde es vecino de la madre del presidente Luis Lacalle Pou.
Rodríguez, declarado prófugo de la Justicia argentina, solicitó la figura del refugio ante el poder judicial uruguayo bajo excusas de persecución política en su contra desde la llegada del oficialista Frente de Todos a la presidencia de su país, en diciembre de 2019.
El 21 de marzo de este 2023, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la inadmisibilidad del pedido de concesión del estatus de refugiado en el país. A continuación, la jueza de primera instancia del crimen organizado, Adriana Chamsarián, ordenó la reanudación del proceso de extradición en contra de Pepín Rodríguez.
No obstante, la principal corte de Justicia uruguaya aclaró que el exasesor presidencial mantiene instancias de apelación a su favor, por lo que el juicio de extradición determinará finalmente si es posible conceder el estatus de refugiado que solicitó a Montevideo.
De lo contrario, será detenido y enviado a Argentina, donde antes de ser indagado como parte del caso de extorsión al Grupo Indalo, deberá comparecer como imputado por evasión a la Justicia de su país.
¿Es posible la extradición?
Tras el rechazo a la solicitud de refugio interpuesta en favor de Rodríguez por sus abogados, el proceso de extradición en contra del operador político-judicial del macrismo deberá reanudarse para que el indagado, considerado prófugo, enfrente la Justicia argentina.
Sin embargo, existe la posibilidad de que Interpol quede de brazos cruzados y no pueda hacer cumplir una posible extradición de Rodríguez debido a su estatus de representante de Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), cuya sede se encuentra precisamente en Uruguay.
21 de marzo 2023, 19:04 GMT
"Los parlamentarios que fijen su residencia en el territorio de la República gozarán de facilidades, la inviolabilidad personal, las inmunidades, los privilegios, las franquicias y las exenciones tributarias otorgadas a los representantes permanentes", establece el artículo 10 del Acuerdo de Sede entre el Mercosur y Uruguay, por lo que el Estado uruguayo debe garantizar su inmunidad en territorio nacional.
El 6 de junio de 2022, el Parlasur sesionó de forma extraordinaria para expulsar a Rodríguez del organismo parlamentario. Solo se alcanzaron 40 votos de los 78 necesarios sobre un total de 116 escaños, por lo que Rodríguez mantuvo su estatus de miembro.