A pesar del paso del tiempo y las investigaciones emprendidas por la Fiscalía de Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Justicia, este episodio está lejos de terminar y podría incidir en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump pretende volver a competir por el Partido Republicano.
Esto luego de que se informara, este 5 de enero, que el magnate republicano enfrenta una nueva acusación penal por la muerte del policía del Capitolio, Brian Sicknick, ocurrida días después del ataque.
Sandra Garza, pareja de Sicknick, acusa a dos participantes en el asalto, Julian Khater y George Tanios —quienes se declararon culpables de participar en la protesta—, de haber sido responsables de la muerte de su esposo tras rociarlo con repelente para osos. En tanto, la demandante también responsabiliza a Trump por haber incitado a las protestas aquel 6 de enero.
La demanda fue presentada ante una corte federal de Washington y busca desmentir la causa oficial que determinaron los peritajes que se hicieron en su momento, y los cuales concluyeron que la muerte de Sicknick fue por causas naturales al haber presentado un derrame.
No obstante, esta no es la única acusación penal que enfrentará Trump por lo sucedido el 6 de enero de 2021, ya que se espera que este año el Departamento de Justicia presente una denuncia formal en contra del expresidente por los delitos de conspiración para defraudar al país, declaraciones falsas, incitación y obstrucción de procedimientos oficiales, tras haber recibido la recomendación del Comité Especial de la Cámara de Representantes de EEUU constituida para determinar si el exmandatario fue responsable del asalto.
Este Comité informó en diciembre que, además de Trump, cinco personajes cercanos a él tendrían responsabilidad sobre lo sucedido: Mark Meadows, último jefe de Gabinete del exmandatario, y los abogados Rudolph W. Guliani, John Eastman, Jeffrey Clark y Kenneth Chesebro.
Esto sin contar al exvicepresidente Mike Pence, quien se ha negado a dar su declaración al Comité respecto a lo sucedido aquel día.
Las conclusiones del Comité Especial se dieron tras varias horas de audiencias públicas y presentación de pruebas que sostienen que Trump y su equipo fueron omisos ante las protestas registradas en el Capitolio, e incluso actuaron para azuzar a los manifestantes.
Casi 1.000 detenidos por el asalto
En el marco del segundo aniversario del asalto al Capitolio, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, destacó los resultados de las investigaciones emprendidas contra los responsables, entre las que destaca la detención de 950 personas que habrían participado en los hechos referidos.
Garland aseguró que mantienen el compromiso de honrar a los cinco oficiales que murieron y los 140 (80 del Capitolio y 60 de la Policía Metropolitana) que resultaron heridos de gravedad al defender a los congresistas presentes en el Capitolio.
"Nos mantenemos comprometidos para asegurar la rendición de cuentas de aquellos criminalmente responsables por asalto a nuestra democracia del 6 de enero. Y nos mantenemos comprometidos para hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir que esto vuelva a suceder", declaró Garland en un comunicado de prensa.
De acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los 950 detenidos por el ataque al Capitolio, 284 enfrentan cargos por agredir, resistir u obstaculizar el trabajo de los policías, entre ellos, 99 que son acusados de usar armas mortales o peligrosas contra los agentes.
Once más son acusados de agredir a miembros de la prensa o de destruir parte de su equipo y 860 enfrentan cargos por ingresar a un edificio federal restringido, de los cuales, 91, tienen la agravante de haber entrado con armas peligrosas.
Contra otros 59 pesan cargos por destrucción de propiedad del Gobierno estadounidense; 36 de robo al Estado, y 295 tienen cargos por obstruir, influir o impedir un procedimiento oficial, en este caso, el aval de los resultados de los Colegios Electorales y el reconocimiento de la victoria de Joe Biden.
Asimismo, 50 personas son acusadas de conspiración en diferentes modalidades: la primera, por obstruir un procedimiento del Congreso; para impedir la aplicación de la ley en medio de una revuelta; para herir a un policía; por conspiración sediciosa, o por una combinación de las anteriores.
Del total de detenidos, 484 se han declarado culpables de cargos federales: 364 de delitos menores y 119 por delitos graves.
Hasta el momento, 350 personas han sido sentenciadas, de las cuales solo 200 ya han pasado algún tiempo en prisión. Además, 40 personas acusadas de delitos federales han sido declaradas culpables en juicios que han sido impugnados.
Según el informe del Departamento de Justicia, el FBI aún trabaja para identificar a otras 350 personas que habrían participado en el ataque, de las cuales 250 son investigadas por atacar a agentes de la policía.
¿Qué pasó con los grupos extremistas?
El asalto al Capitolio llevó a la luz a varios grupos extremistas que, además de simpatizar con Trump y apoyarlo en su acusación de fraude electoral, también se caracterizan por ser promotores de teorías de conspiración y de ideas supremacistas blancas.
Entre los más destacados está los Proud Boys, grupo que empezó como un club para beber para hombres; Oath Keepers, quienes se asumen como los defensores de los principios fundacionales de Estados Unidos; el movimiento QAnon, donde se congregan personas que sostienen que los demócratas manejan una red de pederastia internacional, y el movimiento Three Percenters, cuyo nombre surge de la falsa afirmación de que solo el 3% de los habitantes de las Trece Colonias tomaron las armas contra los británicos en la guerra de independencia.
En el caso de los Proud Boys, cinco de sus líderes más destacados, entre ellos Henry Enrique Tarrio, enfrentan procesos por conspiración sediciosa, al igual que dos de los líderes de Oath Keepers, Stewart Rhodes y Kelly Meggs, quienes además enfrentan cargos por agresiones.
Jacob Chansley (también conocido como Jake Angeli), simpatizante de QAnon que se volvió símbolo del asalto por su estrafalario atuendo, fue sentenciado a 41 meses de prisión por obstruir un proceso gubernamental y a 36 meses de libertad condicional tras cumplirse la primera condena.
Expertos consideran que, si bien las detenciones de los líderes han mermado la organización nacional de estos grupos, lo que les ha hecho perder el foco mediático, también han optado por la organización regional con pláticas en escuelas y lugares públicos, así como la difusión de memes en internet que, muchas veces, son compartidos por personas ajenas a estos movimientos.
"Siempre estarán ahí [los grupos extremistas]. Solo porque no están haciendo nada en este momento no significa que no estén planeando hacer algo mañana", declaró a USA Today el investigador Kesa White, especializado en el tema en el Laboratorio de Investigación e Innovación sobre Polarización y Extremismo de la American University.
En este sentido, la organización periodística Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) advirtió en septiembre de 2022 que los miembros de Oath Keepers han logrado reclutar a expersonal de seguridad federal de Estados Unidos (como marinos y militares), exservidores públicos y a funcionarios en activo, según un informe del Centro para el Estudio del Extremismo de la Liga Antidifamación (COE, por sus siglas en inglés). Las organizaciones advierten que esto puede afectar la operación y la dirección de las instituciones estadounidenses.
Investigación contra Trump
Tras darse a conocer el informe del Comité de la Cámara de Representantes, el Departamento de Justicia creó un consejo especial para investigar la participación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, con miras a presentar cargos penales contra el expresidente.
El encargado de este grupo especial lo encabeza Jack Smith, un reconocido investigador de casos de corrupción, quien contará con el apoyo de Raymond Husler, exjefe de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, y David Harbach, encargado de investigado a políticos como el senador John Edwards y el gobernador de Virginia Bob McDonnell.
Según un reporte de la cadena CNN, Smith contará con un equipo de 20 investigadores del Departamento de Justicia, quienes se encargarán de formular las pruebas contra el republicano por conspiración.
Hasta el momento se desconoce cuándo se podría presentar la acusación formal contra el también empresario, quien en diciembre pasado acusó ser víctima de persecución política de parte de la Administración Biden.
"La gente entiende que el Buró Demócrata de Investigación, el DBI, quiere evitar que me postule a la Presidencia porque saben que ganaré y que todo este asunto de procesarme es igual que lo fue el impeachment: un intento partidista de marginarme a mí y al Partido Republicano", escribió en su momento el expresidente en su red social, Truth Social.
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