Las empresas tecnológicas se apropian de la libertad de expresión

Durante décadas entendíamos que la censura a los medios de comunicación procedía de los Gobiernos. Autorizaban unos periódicos, daban licencias a unas radios y televisiones, o prohibían otros periódicos o quitaban las licencias a otras radios y televisiones.

Luego llegó el mercado, con sus accionistas, su financiación, su publicidad... Si los bancos no prestaban dinero y no te refinanciaban la deuda, los anunciantes no te apoyaban o no tenías detrás grandes empresas que invirtieran, el medio también se veía obligado a cerrar. Eso sí, ya no le llamaban censura, era el mercado, amigo.

Pero ahora ha llegado un momento en que el sistema de consumo está controlado por los distribuidores, no por los productores. Ocurre en casi todos los ámbitos, por ejemplo en la alimentación, los que deciden lo que compramos no son las empresas que producen los productos, son las grandes cadenas. Ellas seleccionan qué refrescos, conservas o fruta vamos a comer, de dónde procederán y quién las fabrica o cultiva.

La decisión de una cadena de distribución de incorporar una marca de latas de atún o eliminarla de sus estanterías, supone la desaparición de una empresa o su ampliación al doble de producción y ventas. Lo explica muy bien Nazaret Castro en su libro La dictadura de los supermercados.

Sucede igual con la ropa, la empresa textil elegida por la cadena puede tener resuelta su viabilidad en la temporada o hundirse si sus productos no están en esos escaparates de la cadena de comercios.

En el capitalismo avanzado sucede algo similar con casi todos los productos: electrodomésticos, higiene, limpieza, jardinería, menaje... El productor no pinta nada, las grandes cadenas de distribución son las que decidirán quiénes son los elegidos para ser vendidos.

He explicado todo esto para acabar en los medios de comunicación, donde sucede lo mismo. Ahora son empresas tecnológicas y redes sociales las que se encargan de "distribuir" los contenidos informativos.

Todos recordamos cuando algunos países europeos, entre ellos España, se plantearon una tasa digital para Google, porque Google News se enriquecía con la distribución de contenidos de prensa y no les remuneraba a los editores por ello. En el año 2014, la legislación española estableció que Google debía pagar a los editores de noticias por los derechos de esos contenidos. Entonces, Google, en lugar de pagar, decidió clausurar el servicio de Google News España.

Paradójicamente, fueron las propias empresas de los medios de comunicación las que se opusieron a la tasa porque supondría que sus informaciones dejarían de difundirse a través del buscador. En noviembre de 2021, el Gobierno español aprobó un decreto que permitía a los medios de comunicación negociar directamente y de manera individual con el gigante tecnológico y así podría volver Google News a primeros de 2022.

Sirva este caso como ejemplo del poder de las empresas tecnológicas sobre la distribución de los contenidos informativos sin necesidad de dedicarse a producirlos.

Después vinieron las redes sociales y nos pareció que habíamos llegado al paraíso de la libertad de expresión. Por fin la ciudadanía recuperaba el protagonismo, podía difundir los contenidos y las informaciones que ellos decidieran, podían leer y escuchar lo que consideraran oportuno. Todo ello sin limitaciones ni censuras. Se acababa el poder de los grandes emporios de la comunicación, el sencillo ciudadano, desde su casa, difundía contenidos igual que el Washington Post, se decía.

Pero la realidad ha sido que los contenidos que difundían los usuarios de las redes, en un altísimo porcentaje, son noticias de los grandes medios, es decir, siguen siendo los protagonistas. Sin embargo, era verdad que el oligopolio se había convulsionado, los ciudadanos podían disparar los accesos a unas informaciones o condenar al olvido otras. Si actuaban con acierto, rigor o sensatez ya era otro debate.

Se había producido otro salto en el acaparamiento de poder por parte de las empresas de distribución en lugar de los productores. Es decir, redes como Facebook, Twitter o YouTube tenían más control de la información que los propios productores de contenidos. Al principio fueron neutrales, en las redes se difundía lo que los usuarios "colgaban". Pero la llave de paso la tenían esas empresas tecnológicas.

Poco a poco van sucediendo acontecimientos en los que las empresas de las redes sociales se van arrogando poderes de censura y elección de contenidos, algunas veces con el beneplácito de la ciudadanía y otras simplemente con su indiferencia.

Incluso cuando se les señalaba como responsables de la difusión de bulos y fake news, no nos dábamos cuenta que, en el fondo, estábamos pidiendo a gritos que ellos pudieran tener el poder de censurar. No se actuaba contra quiénes creaban noticias falsas, sino contra las redes por las que circulaban.

Era como si en lugar de que la policía y los jueces detengan a un delincuente, le decíamos a la empresa de las autopistas que cortara las carreteras al tráfico por donde él suele circular y que, además, decida quién es el delincuente.

Así empezaron a censurar contenidos que a la mayoría de la población nos parecían inapropiados y falsos, por ejemplo la información falsa sobre el COVID o imágenes sexualmente explícitas. En esto último incluso terminaron eliminando de las redes hasta una foto de una mujer dando el pecho a sus hijos. De todos es sabido que las tetas femeninas no pueden publicarse en Facebook ni Instagram.

Veamos un ejemplo: En enero de 2018 cerró la revista española Interviú, el periodista Juan Pablo Bellido publicó, como hacía cada día, la recopilación de portadas de la prensa nacional, regional e internacional en su perfil de Facebook. Entre ellas, se encontraba la portada de una revista española que recuperaba a modo de homenaje una de las portadas más icónicas de la revista Interviú, el desnudo de la actriz y cantante Marisol en 1976.

La publicación y su cuenta fueron censuradas por los administradores de la red social, cerrando temporalmente su página. Algo que en España consiguió ser legal a los pocos meses del fin de la dictadura franquista, ha terminado censurado más de cuarenta años de democracia después por la empresa de la red social.

Tras las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, Facebook y Twitter ocultaban los mensajes de Trump o los presentaban con advertencia de que se trataba de falsedades. Facebook llegó a cerrar un grupo con 320.000 seguidores. Igualmente Google, a través de YouTube, también intervino eliminando vídeos electorales que difundían resultados falsos.

Por su parte, Twitter se ha dedicado a etiquetar a los medios públicos y cargos gubernamentales de algunos países señalándolos con la frase "Medio afiliado al Gobierno...". La etiqueta aparece en la página de perfil de la cuenta de Twitter y en los tuits enviados y compartidos desde estas cuentas. No solamente eso, la empresa afirmó que dejaba de amplificar estas cuentas o sus tuits a través de sus sistemas de recomendación.

Lo curioso, es que ellos mismos reconocen que no actúan igual con todas las cuentas relacionadas con Gobiernos o medios de comunicación públicos:

De este modo Twitter comienza a aplicar criterios de doble rasero según el medio y el país al que se pertenezca.

Y llega el conflicto de Ucrania y las empresas de las redes sociales dan el gran salto en su intervencionismo. Primeramente, deciden que los tuits que contengan enlaces a medios de comunicación vinculados al Estado ruso tendrán una etiqueta. Esta etiqueta indicará su afiliación al Gobierno ruso y advertirá a los usuarios que "Se mantengan informados". También irán acompañadas de un signo de exclamación naranja para resaltar la advertencia.

Twitter también reducirá la visibilidad de estos tweets en la plataforma, lo que limitará su alcance y evitará que lleguen a una amplia audiencia.

Así lo anunció el directivo de Twitter Yoel Roth:

Por si fuera poco, también han empezado a etiquetar cuentas personales de periodistas como "medios afiliados al Gobierno". Algo así como si te pusieran un tatuaje en la cara cuando entraras al bar para cuando se te ocurriera opinar en la barra.

En cuanto a Facebook, la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, denunció que "desde octubre de 2020, se han registrado 26 casos de discriminación contra los medios y recursos de información rusos por parte de Facebook".

Esa discriminación llegó hasta a bloquear a medios rusos como el canal de televisión Zvezda, la agencia de noticias RIA Novosti, Sputnik, Russia Today (RT) o los portales Lenta.ru y Gazeta.ru.

Algo similar sucedió en YouTube, la red de vídeos prohibió el acceso al canal de RT, Sputnik y otros relacionados con el Estado ruso. También lo hizo Instagram. "Este canal no está disponible en tu país" o "Este perfil no está disponible en tu región", dice a quiénes se conectaban desde Europa. ¿No está permitido por quién? ¿Con qué ley o decisión judicial?

El problema no es solo la censura que esto supone sobre unos medios de comunicación, sino la autoridad y el poder que se arrogan las empresas de las redes sociales para eliminar a esos medios de sus contenidos.

Ya señalábamos antes que estas redes, tal y como sucedía en otros sectores, desde la alimentación a los electrodomésticos, sin ser medios de comunicación ni producir contenidos propios, habían acaparado un poder de difusión que era superior al de los medios de comunicación. Un poder que ahora lo estaban usando para decidir a lo que los ciudadanos podían o no podían acceder.

Ese poder impregnaba ya todos los ámbitos. Google Play y Apple Store retiraron de su catálogo las aplicaciones utilizadas para acceder a los contenidos de Sputnik y RT.

La censura fue incluso con carácter retroactivo. Google hizo desaparecer de su buscador cualquier contenido de RT y de Sputnik. Al parecer fue por un requerimiento de la Comisión Europea a Google el 4 de marzo para que hiciera desaparecer de su buscador las informaciones y portales de estos dos medios.

Pero no existe ninguna norma ni ninguna ley que ampare y otorgue valor jurídico ni vinculante a un requerimiento de la Comisión Europea. A pesar de ello, Google aplicó ese borrado en el buscador.

Durante muchos años se ha debatido y discutido qué potestad o legitimidad puede tener un determinado Gobierno para censurar contenidos en las redes, qué legislación se requería para aplicar esa censura, en qué medida era una violación de la libertad de expresión o violaba libertades fundamentales. Siempre que lo aplicó algún Gobierno, desde los países occidentales no se dudó en calificarlo de censura, ataque a la libertad de expresión o, directamente, considerar prueba palpable de dictadura.

Durante años, los colectivos defensores de la libertad de expresión en internet mostraron su preocupación por lo que se llamó la neutralidad de la red. Se trataba del peligro de que las empresas telefónicas ofrecieran diferentes velocidades de conexión según a los portales que te conectaras, creando así un panorama desequilibrado, es decir, no neutral en la medida en que al medio o al portal poderoso podrías acceder con una magnífica velocidad de conexión y en el medio o portal modesto la conexión se te enlenteciera.

Al final lo que ha sucedido ha sido todavía peor, no ha hecho falta que las empresas de internet rompieran la neutralidad en la navegación, directamente ha entrado la censura empresarial a través de las redes sociales y los gigantes tecnológicos. Ahora asistimos a una especie de privatización de la censura, sin cobertura legal alguna y con impunidad total.

No se trata de pronunciarnos si nos parece bien o mal que se actúe contra información falsa de la pandemia, las mentiras de Trump o las noticias de los medios rusos. Es más grave todavía, es hacerlo desde un poder empresarial que no responde ante ninguna ley, no tiene ninguna legitimidad democrática y que, como hemos señalado anteriormente, ha terminado siendo tan poderoso, que todo el sistema mediático está subyugado a estas empresas distribuidoras de los contenidos.

Que ahora Rusia prohíba en su fronteras el acceso Facebook o Twitter, o que China desarrolle sus propias redes sociales ajenas a las occidentales, no solo no es una muestra de censura, la censura ya hemos visto quién la aplica, es recuperar soberanía frente a multinacionales privadas que han dado un golpe de Estado a la libertad de expresión y al derecho a informarnos de los ciudadanos. Ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, ni Google son libertad de expresión si no permiten ser utilizados por todos. No puede ser censura actuar contra un censurador.