Según publicaron varios diarios españoles como El País o ABC, la magistrada que investiga los crímenes de la época franquista emitió un auto de procesamiento contra el que fue responsable de Relaciones Sindicales y de Gobernación tras la muerte del dictador.
La jueza María Servini apunta a su presunta responsabilidad en tres homicidios ocurridos durante una manifestación en la ciudad de Vitoria en 1976 y el cuarto asesinato de un hombre que participó en una protesta en Pamplona en 1978.
En declaraciones para el diario ABC, Martín Villa se mostró "tranquilo" ante las acusaciones y dijo que presentará un recurso contra la decisión.
El exministro franquista, que vive en Madrid, declaró ante la Justicia argentina por videoconferencia en septiembre de 2020, tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad en 2014.
De acuerdo con la jueza argentina, por su posición como ministro de Relaciones Sindicales Martín Villa ocupó una posición "preponderante" en un poder que todavía operaba bajo la "estructura represiva montada por el régimen franquista".
La magistrada considera que el exministro tuvo un papel clave en los asesinatos y le responsabiliza de un delito de homicidio agravado.
Por ello dicta su prisión preventiva (aunque reconoce que no se hará efectiva) y pide el embargo de sus bienes hasta los 1.134 millones de pesos argentinos (9,8 millones de euros).
Desde el inicio de la causa –que arrancó hace ya una década– España se negó a colaborar con la justicia argentina bajo la justificación de que los delitos habían prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.
Antes de su declaración en septiembre, cuatro expresidentes del Gobierno español (González, Aznar, Zapatero y Rajoy) enviaron cartas a la jueza Servini defendiendo a Martín Villa por su papel en la Transición.