Jurisprudencia para proteger el derecho humano al agua

El agua es un elemento que no tiene sustitutos y después del aire, la vida sin ella es imposible. La muerte es inminente si es que nos falta más de cinco días consecutivos, y el cuerpo humano no tiene la capacidad de almacenarla. Los especuladores lo saben, por eso han iniciado su acaparamiento.
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El 7 de diciembre de 2020, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo, que se comercializa ahora bajo el nombre de índice Nasdaq Veles California Water Index. Actualmente, no hay normativa que los detenga, ni a nivel internacional, menos en EEUU, que es el sitio donde se ha iniciado ese proceso especulativo.
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Este acto especulativo hace prever que la competencia por el agua destinada al consumo humano competirá con la demanda de agua para riego y otras actividades comerciales de gran escala. 
Para quienes les tiene sin cuidado o pasan por alto de que se trata de un elemento vital para la vida, este es el momento para asegurarse su disponibilidad a futuro, y así poner a buen recaudo sus futuras ganancias. El momento COVID-19 es perfecto para esas iniciativas privadas, pues todos estamos ahora distraídos con la pandemia y sus consecuencias.
CME Group lo ha expuesto de manera clara: "Este nuevo e innovador contrato de agua se basa en nuestra sólida asociación con Nasdaq, así como en nuestro historial comprobado de 175 años de ayudar a los usuarios finales y otros participantes del mercado a gestionar el riesgo en los mercados de productos básicos esenciales, incluidos la agricultura, la energía y los metales".
Aquí vale la pena subrayar que cuando se habla conceptos tales como: mercados, oferta y demanda, se refiere estrictamente a mercancías, donde no tiene cabida la noción de derecho humano. En los mercados de productos solo participan quienes tienen capacidad de pago, los demás están fuera, no existen. Esa es la visión economicista y neoliberal que promueve el mercado como mecanismo "regulador".
Este hecho sin precedentes, no solo debe ser una alerta, también debe conducir a los gobiernos nacionales, regionales, locales y distintas instituciones y organizaciones a tomar medidas serias y concretas para impedir que el acceso al líquido vital para la vida sea tratado como una mercancía. 
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El hecho es que hemos ingresado ya a una nueva etapa de la lucha por el derecho humano al agua. ¿o es que acaso queda alguna duda que ese mecanismo especulativo se limitará a California? Tampoco faltarán los organismos internacionales y ONGs que quieran poner paños fríos a esta preocupación, en defensa de intereses transnacionales. 
La tarea actual de los Estados (como ente regulador de las relaciones al interior de sus países) y para quienes se consideran defensores de los derechos humanos, es evitar que el economicismo cunda las áreas donde debe prevalecer la defensa del derecho a la vida. 
Son los gobiernos e instituciones que defienden al ciudadano los llamados a garantizar el derecho humano. Porque debe quedarnos absolutamente claro que, allí donde el mercado ve clientes, no caben ciudadanos sin dinero, aunque eso implique perder la vida. El mercado por su propia naturaleza no es un mecanismo redistributivo, equitativo, menos de justicia. 

La disputa: agua para beber y vivir o para regar

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa. El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para las personas.
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Es fácil prever que la creación y lanzamiento del Nasdaq Veles California Water Index conllevará tarde o temprano un incremento del precio del agua porque ya se ha hecho evidente la puja entre agua para riego y agua para consumo humano, lo que provocará además un incremento de los precios de los alimentos. 
El primer paso ya está dado, el mundo se ha sorprendido, es cierto, pero ellos, los especuladores no pararán, y es muy previsible un efecto contagio en todo el mundo, tal vez en algunos sitios más rápido que en otros, siempre y cuando no salgamos rápido del asombro.
Ya lo advirtió Elsa Bruzzone, analista de recursos naturales y autora del libro Las guerras del agua, cuando dijo a Sputnik que "En la década de 1990 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, agencias gubernamentales de los países más ricos y corporaciones transnacionales —muchas de ellas dedicadas al comercio del agua— instalaron la idea que [el agua] puede ser una mercancía sujeta a las leyes de oferta y demanda del mercado".
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Esto muestra que urge tomar conciencia de cuáles son las instituciones internacionales que promueven su privatización o evaden la discusión. 
Si es que no se toman medidas para garantizar el derecho al agua para consumo humano, pronto se verán buques transportadores de agua tal como sucede con el petróleo y gas, llevando el líquido elemento al mejor postor.
Y no basta con hacer declaraciones generales, crear lindos estribillos o protestar. Se hace necesario y urgente declarar una política que dé prioridad al agua para consumo humano, frente a otras actividades, como el riego o la producción industrial.

Para muestra un botón: México

Un estudio publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) titulado Los millonarios del Agua encontró que, hasta enero de 2020, apenas 1,1% de los usuarios del agua en México es responsable de explotar 22,3% de los recursos hídricos de México. Entre este grupo se encuentran empresas como Kimberly Clark y Banco Azteca, ligadas a Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego. Del mismo modo, destacan FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp y Buenavista, ambas de Grupo México, entre otros. 
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Por otro lado, hay constituciones como la actual de Chile que permite la privatización del agua, que antepone el derecho de las empresas y transnacionales en detrimento de un derecho elemental de los ciudadanos. 
Queda claro que mientras haya gobiernos nacionales, regionales o municipales, así como parlamentos que otorguen concesiones sin límites a las corporaciones transnacionales, ellas harán lo que mejor les convenga a sus intereses.

No tiene sustituto

El agua, en términos económicos tiene una "demanda inelástica" porque no tiene sustitutos. Al ser vital para la vida, incluso si el precio varía sustancialmente, la demanda no variará, no se reducirá la tasa de consumo, porque la gente la necesita para vivir. 
Una persona podría reducir la cantidad de agua que utiliza para bañarse, lavar los utensilios, etc., pero jamás dejaría de beber agua pues eso le significaría la muerte. 
Esta característica hace que sea la mercancía perfecta para especular, si es que se le deja al libre acceso y manipulación de los especuladores o del mercado. 

La ONU debe hacer más

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó una Observación General  sobre el derecho al agua y estableció que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". El problema es que muchos enunciados como éste, es que no son legalmente vinculantes. 
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Asimismo, la Resolución 64/292 de la asamblea de la ONU en 2010 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Pero esa resolución no basta para frenar la actual arremetida especulativa.
Los gobiernos y la sociedad civil deben hacer esfuerzos para que la próxima Conferencia del agua de la ONU planificada para el 22, 23 y 24 de marzo de 2023 en Nueva York, y su antesala preparatoria a celebrarse en 2021, no se diluya en estribillos, ni sean cooptadas por las trasnacionales, sino que generen mecanismos viables y concretos de defensa de este derecho humano. 
Pero no se debe esperar a que la ONU resuelva el problema en una próxima conferencia. 
Ahora apremia que los distintos niveles de gobernabilidad: a nivel nacional, regional, local, municipal, pasando por los comités de agua, allí donde existan, inicien la discusión, elaboración y aprobación de iniciativas legislativas para proteger el líquido elemento de la especulación y la privatización.

Generar jurisprudencia

La tarea urgente no sólo implica resistir la privatización y especulación mediante la apropiación privada del recurso, sino que se debería crear jurisprudencia, mediante normas, decretos leyes, reglamentos que tejan una red jurídica, que a futuro sirva como sustento para frenar la especulación y su trato como mercancía.
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Otra importante actividad es que, en el marco de la Organización mundial del Comercio, OMC, los gobiernos deberían buscar de manera explícita que se reconozca que el agua no es una mercancía, incluyendo las fuentes y el servicio de transporte y abastecimiento. 
Los países deberían realizar un relevamiento de datos del líquido elemento, para conocer su disponibilidad, localización, problemáticas internas, así como los recursos compartidos en frontera con países limítrofes.
También apremia que los gobiernos definan la relación de agua para consumo humano directo, frente a otras actividades como la agricultura u otras industrias altamente demandantes, tomando en cuenta la proyección de crecimiento poblacional, para evitar que a futuro esas demandas colisionen y la disputa se resuelva mediante mecanismos economicistas.
Aún estamos a tiempo, el desafío requiere de creatividad, pero ante todo de compromiso con lo más preciado que tenemos, la vida. Se trata de ser solidarios con nuestra generación y con las futuras generaciones, porque un mundo más justo es posible, solo depende de nosotros.
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