Los cambios plantean que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea la entidad responsable de instalar, operar, regular y mantener el padrón. Del mismo modo, se encargará de su funcionamiento, así como de su intercambio con las autoridades competentes, por lo que deberá establecer los procedimientos para validar la información que contenga.
La inscripción al padrón será obligatoria y constará de datos como el número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, nombre completo o denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Población del titular de la línea.
Además, se solicitarán datos biométricos del usuario, así como el domicilio, datos de concesionarios de telecomunicaciones y el esquema de contratación de la línea móvil, ya sea pospago o prepago. En este caso, los concesionarios de telecomunicaciones deberán recabar y validar la información del usuario, así como realizar las altas, bajas y otros movimientos asociados a las líneas telefónicas, a fin de mantener actualizado el padrón.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Víctor Manuel Pérez Díaz explicó que el padrón de líneas de telefonía móvil tiene el objetivo de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en especial para combatir la comisión de los delitos de extorsión y secuestro.
Sin embargo, dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron la creación del padrón, ya que consideraron los riesgos de que esa información llegue a delincuentes, o bien, según ellos, sea utilizada por el Gobierno para vigilar a sus opositores.
"Ya se ha visto que hay muchas compañías que compran o roban las bases de datos para estarte llamando y ofreciendo sus productos", recordó el perredista Jesús Zambrano.
Por su parte, el secretario general del MC, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que ya se intentó crear un padrón similar entre 2009 y 2012: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
"Movimiento Ciudadano rechaza el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, al no contribuir en la disminución de delitos, entre otros, la extorsión telefónica, como argumenta la mayoría legislativa y por violar la presunción de inocencia y la privacidad de las y los usuarios", manifestó.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (Canieti) también rechazó esta medida. Para este grupo, el costo de instrumentar un padrón de los usuarios de teléfonos móviles será muy alto y, por ende, podría propiciar que las empresas de telecomunicaciones en México dejen de realizar inversiones.
Asimismo, la Canieti expresó que no existe ningún antecedente de que la creación de padrones similares ayude a reducir los niveles de inseguridad.
"Existen infinidad de maneras en la que la delincuencia puede establecer comunicaciones sin registro o control. En ningún país del mundo este tipo de registros han probado su efectividad", destacó en un comunicado.
El director de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, coincidió en que las reformas ponen en riesgo a usuarios de países como México, debido a que "se violan de manera sistemática los datos de las personas". Además, subrayó que ningún secuestrador utiliza teléfonos asociados a su nombre, y mucho menos lo hará si la línea tiene registro de sus datos biométricos para hacer llamadas.
"La realidad es esta: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha fracasado en combatir el delito de extorsión y secuestro en los últimos años y le quiere echar la culpa a la ausencia de un padrón que no es necesario, que no sirve para nada. Y así quiere justificar su propia incapacidad e ineficiencia. El padrón no contribuye en nada a combatir [esos delitos] y sí pone en grave riesgo la seguridad de millones de usuarios y usuarias de telefonía móvil en México", alertó en entrevista con Animal Político.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirman que, de enero a octubre de 2019 hubo 1.404 víctimas de secuestro y 7.742 denuncias por extorsión en México. En el mismo periodo de 2020, se registraron 890 víctimas de secuestros y 7.055 de extorsiones.
Actualmente, 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM, indicó R3D. Entre ellos, destacan países con regímenes autoritarios como China, Arabia Saudí, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán.
Cabe recordar que el RENAUT, creado durante la presidencia de Felipe Calderón (2009-2012), fue eliminado en 2012 luego de que se hiciera público que los datos personales en ese registro se estaban vendiendo en el mercado negro. Debido a esto, la Secretaría de Gobernación sugirió a la población revisar si su número telefónico o datos personales no se habían duplicado y, en caso positivo, cambiar sus contraseñas.