Mediante un anuncio emitido el 13 diciembre, el Ejecutivo autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso afirma buscar salvaguardar la libertad de las familias para elegir los centros educativos en que estudien sus hijos, que entienden quedará lesionada con la nueva ley de Educación aprobada por el Congreso de los Diputados, la llamada Ley Celaá o LOMLOE.
Es decir, dando inicio a los trámites normativos, según la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se retrasaría un año la aplicación de los cambios que atañen al proceso de matriculación de alumnos en etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El opositor Partido Popular ha anunciado que aquellas comunidades autónomas que gobierna, impondrán la misma medida.
Los nuevos plazos
El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso de admisión de alumnos para el curso 2021-2022 será entre el 8 y 23 de abril de 2021. La puntuación obtenida por los solicitantes referente al centro solicitado en primera opción y a todas las demás, se publicará el 18 de mayo en la página web de los centros y en la Secretaría Virtual.
Los días 19, 20 y 21 de mayo estarán habilitados para acoger reclamaciones. El 4 de junio se anunciarán los alumnos admitidos en cada centro, ya sean solicitantes de primera opción o de otras opciones que hayan obtenido plaza. La formalización de la matrícula se efectuará del 10 al 25 de junio.
¿Cambia algo?
En el comunicado del Gobierno autonómico se afirma que "la libertad de elección de centro es uno de los pilares básicos del sistema educativo madrileño". Y ejemplifican esta idea con el dato de que para el curso escolar 2020-2021, casi el 94% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el centro elegido como primera opción para iniciar el segundo ciclo de Educación Infantil (a partir de los 3 años).
"Entendemos que se está haciendo un uso totalmente partidista de lo que son las instrucciones de la escolarización, porque en realidad no se ha adelantado nada; se ha publicado en las fechas en las que habitualmente vienen publicándose", afirma Carmen Morillas, presidenta de la FAPA-Giner de los Ríos, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a Sputnik, Morillas explica que el anuncio es una "mera herramienta partidista contra el Gobierno central".
"El proceso de escolarización es largo y con múltiples pasos, y si se aprueba la LOMLOE, como esperamos, los procesos iniciados en cualquier ámbito con una legislación, se continúan con la legislación de origen por seguridad jurídica", añade, recordando que para el curso 2018-2019, el último no afectado por la pandemia, "el periodo fue del 5 al 19 de abril", por lo que el calendario no aporta "ninguna novedad".
"Es decir, nuestra interpretación es que se está haciendo un uso mediático de un proceso que sigue su cauce habitual".
"Es una falsa polémica y genera alarma en las familias", conviene Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid. "No solo no se adelantan los plazos, sino que incluso se retrasan tres días en relación con el curso prepandemia", explica a Sputnik.
"Queda claro que el supuesto 'adelanto' es un gesto vacío, un teatro montado por el Partido Popular para agitar los ánimos y plantear una oposición ruidosa al Gobierno central", afirman en este sindicato. "Lejos de plantear propuestas, el Partido Popular sólo pretende enturbiar la implantación de una ley que cuenta con una mayoría parlamentaria".
A juicio de Galvín, el anuncio resulta "vacío" luego de analizar el propio texto legal de la Ley Celaá, pues contempla el aplazamiento de su aplicación que anuncia el Gobierno regional. "En la Disposición Final Quinta sobre el Calendario de Implantación, donde se establece que 'A la entrada en vigor de esta Ley se aplicarán las modificaciones relativas a la admisión de alumnos'", explica. A CCOO, la interpretación que hace el Gobierno regional le parece "rebelde de cara a la galería".
Faltan docentes
En opinión de sindicatos y asociaciones de padres de alumnos, la cuestión del proceso de admisión de alumnos para el curso 2021-2022 no puede tapar el problema de déficit de profesado cuando ya el primer trimestre se halla en sus postrimerías, ni tampoco la falta de plazas de alumnado o las ratios sobrecargadas.
"Es muy grave mentir a los ciudadanos e involucrar desde el Gobierno [regional] a las familias y a sus hijos en batallas partidistas, porque lo que se consigue es ocultar los verdaderos problemas de la escolarización en Madrid ante el nuevo periodo que empieza: falta de plazas, sobre todo en centros públicos, en las etapas de Infantil, Bachillerato y FP, y que se mantengan las bajadas de ratio puestas en marcha este curso", denuncia Isabel Galvín.
24 de septiembre 2020, 10:26 GMT
"Lo prioritario y mucho más importante es asegurarse de que los docentes estén en los centros en septiembre", señala Morillas, quien avisa de la falta de profesores en muchos centros. "Tampoco se están cubriendo las bajas por enfermedad de este personal. Y eso es competencia de la Comunidad de Madrid". El Ejecutivo regional no tiene previsto renovar a los profesores de apoyo contratados para el primer trimestre. "Pedimos que la Administración los renueve, por lo menos para todo este curso, porque los refuerzos COVID son un acompañamiento fundamental para el perfil de alumnado más vulnerable, sin tantos medios y que se ha quedado desconectado [por la pandemia]", resalta Morillas, que añade:
"El 20 de noviembre el sindicato UGT dio datos en la Asamblea de Madrid: con un escrutinio del 50%, ya había más de 800 vacantes en centros de la Comunidad de Madrid que no se habían cubierto. Hay que garantizar la igualdad de oportunidades, por eso la figura de los 'refuerzos COVID' es muy importante".
⚠️Distrito único=segregación, desigualdad,fracaso escolar, perjudica al sistema educativo y al conjunto de la sociedad.
⚠️Mercantilización y privatización encubierta de la educación.
‼La libertad de elección no existe cuando no hay igualdad oportunidades‼#DerechosInfanciaFAPA pic.twitter.com/udkFZQYXVp
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Madrid renunció a 2 millones de euros
Otro de los aspectos que preocupa a la comunidad educativa es el rechazo a una ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 1,9 millones de euros al sistema educativo madrileño.
"Uno de los argumentos que utilizó el consejero de Educación para justificar la no renovación de los refuerzos COVID, es que en enero comenzaría el plan #PROA 20-21 de refuerzo educativo a las comunidades, pero luego anunció que rechazaban casi 2 millones de euros para este programa", explica Carmen Morillas. La Comunidad de Madrid basó su decisión, remitida el 13 de noviembre por carta al Ministerio, en que solo se presentaron 97 proyectos por otros tantos centros de los 330 posibles. "La consecuencia es un riesgo de fracaso escolar y abandono educativo", concluye.
El 10 de diciembre todos los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) dirigieron un escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitando la suspensión de los ceses del personal docente contratado por la crisis del COVID-19. El cese de este profesorado de refuerzo (más de 1.000 plazas) afectaría a unos 20.000 alumnos, según fuentes de CCOO.