En tiempos de crisis, es sabido que la corrupción es aún más perjudicial, y que aumenta. Sin embargo, muchos en el poder se han aprovechado de las vulnerabilidades surgidas por la respuesta a la pandemia: ante la "supervisión débil y la transparencia inadecuada", desvían "recursos que deberían estar destinadas a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad", advirtió en un comunicado el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Varios casos de corrupción han salido a la luz en América Latina en 2020. Las fiscalías de Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Argentina, Chile, México han investigado a políticos y funcionarios estatales por delitos incurridos durante la emergencia sanitaria.
Ante la especulación y oportunismo que se desató en los precios de algunos medicamentos, la ONU lanzó en junio un Observatorio Regional de precios de Medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el manejo de pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra cada 9 de diciembre desde 2005, hacemos un repaso por algunos de los escándalos más sonados.
En Perú
A finales de octubre el Ministerio Público de Perú anunciaba que las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios habían recibido casi 1.900 denuncias de presuntos actos de corrupción durante la pandemia. Entre las presuntas irregularidades, figuran adquisición y distribución de canastas básicas familiares, compra de equipos de protección y limpieza contra el COVID-19, entre otros.
A comienzos de diciembre el Ministerio Público informó que había solicitado la detención de alcaldes y funcionarios de varias municipalidades, por ser presuntos miembros de una organización criminal que "habría direccionado y sobrevaluado contrataciones" valorizadas en más de 10 millones de soles (casi 3 millones de dólares).
Además, solicitó nueve meses de prisión preventiva para el Gobernador de Áncash (al norte de Lima) y otros implicados por presuntos actos de corrupción en el marco de la lucha contra el COVID-19 en hospitales públicos.
El 2020 ha sido un año particularmente duro para Perú, marcado por un contexto de turbulencias políticas: hubo tres presidentes en ocho días. La asunción de Francisco Sagasti Hochlausler como presidente el 17 de noviembre, trajo algo de calma luego de que Martín Vizcarra (2018-2020) fuera destituido por el Congreso el 9 de noviembre —acusado de delitos de corrupción relacionados al caso Lava Jato—, y de de que Manuel Merino, quien fue elegido por los legisladores el día siguiente, presentara su renuncia el 15, tras las consecuencias de la fuerte represión a las protestas que se dieron en todo el país: dos muertos y cientos de heridos.
En Ecuador
Durante la pandemia, en Ecuador surgieron varias denuncias por corrupción que provocaron la salida de altos miembros del Gobierno de Lenín Moreno (mayo 2017 - actualidad), y la investigación o detención contra autoridades locales y provinciales, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), de sus hijos y su círculo cercano.
Este año hubo sobreprecios en bolsas para cadáveres, todo tipo de insumos para hospitales y alimentos, irregularidades en la adjudicación de contratos y en la adquisición de pruebas de diagnóstico de COVID-19, en el uso de pruebas falsificadas, malversación en prestaciones y fondos para construir nuevos centros de salud.
Pero eso no es todo, también se descubrió que políticos, empresarios, jueces y futbolistas adquirieron carnets de discapacidad de forma irregular para importar autos de alta gama de Estados Unidos.
En Brasil
La Policía Federal, el Ministerio Público Federal y la Contraloría General de la Unión lanzaron en octubre una operación conjunta para investigar delitos de corrupción cometidos por la cúpula del Gobierno de Amazonas (norte), que habría desviado dinero público aprovechando la pandemia del coronavirus.
Según la investigación, el gobernador de Amazonas ejercía "dominio completo" en la compra de estos equipamientos y en general en todas las acciones del gobierno regional destinadas a la pandemia, donde se practicaban los actos ilícitos. Por el momento, los investigadores ya llegaron a la conclusión de que la compra fraudulenta de 28 respiradores para pacientes de COVID-19 habría movido 2,9 millones de reales (casi 520.000 dólares), "con la participación directa de la cúpula del poder del estado".
También en octubre, el senador brasileño Chico Rodrigues (del partido Demócratas) presentó su dimisión, días después de que fuera descubierto por la Policía con dinero presuntamente procedente de actos de corrupción escondido bajo su ropa interior. El senador, que representa al estado de Roraima (norte) fue encontrado, por agentes de la Policía Federal, con más de 30.000 reales (5.400 dólares) en sus calzoncillos, al ser objeto de una operación que investigaba desvíos de recursos públicos destinados al combate a la pandemia del COVID-19.