"Respondiendo al legítimo requerimiento de los ecuatorianos de crear una normativa que permita combatir la impunidad y corrupción, aprobamos el informe", dijo a periodistas José Serrano, presidente de la Comisión.
En el proyecto se crean nuevos delitos, como el de obstrucción de la justicia y elusión de procedimientos de contratación pública en emergencia (cuando haya sobreprecios o lo que se adquiera no tenga relación con la emergencia), o el de peculado agravado, en el que se restituye al Estado el doble del perjuicio.
Adicionalmente se tipifica como delito la corrupción en el sector público, con una sanción de uno a tres años de prisión.
La ley anticorrupción es parte de los compromisos asumidos en el acuerdo suscrito recientemente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y debería ser aprobada en la primera quincena de diciembre para dar acceso a Ecuador a un desembolso de 2.000 millones de dólares del organismo multilateral.