Diferentes ciudades de Argentina fueron testigos del regreso de la marea verde en una nueva manifestación de poder ciudadano del conjunto de los colectivos feministas para reclamar por la legalización del aborto, simbolizada en los pañuelos de ese color.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cumplió 15 años, organizó una caravana desde la Plaza de Mayo, centro institucional de la capital nacional, hasta el Congreso, pero esta vez llamaron a desplazarse en vehículos y copar las redes sociales, para respetar el distanciamiento social en el marco de la pandemia de COVID-19.
La caravana verde y otras acciones creativas se replicaron en ciudades de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán desde las 17:00.
La sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) —luego de que en 2018 el Senado rechazara un proyecto que fue históricamente aprobado por Diputados— tiene mayores posibilidades de concreción desde la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, primer presidente en ejercicio en manifestarse a favor, quien prometió que entregará un boceto paralelo antes de que termine 2020.
"Nuestro proyecto de ley tiene estado parlamentario desde hace más de un año, si hoy les diputades y senadores quisieran lo podrían discutir. Por otro lado, hay una voluntad política por parte del Poder Ejecutivo de presentar un proyecto, pero que desconocemos. Es una deuda de la democracia hacia todas las personas con capacidad de gestar", comentó la referente.
Promesas, política y (des)penalización
En la apertura de las sesiones parlamentarias del 1 de marzo, el presidente prometió que presentaría dentro de los 10 días siguientes un proyecto de legalización del aborto, que cumpliera con su compromiso electoral.
Sin embargo, fue demorado por el inicio de la pandemia, con su consecuente suspensión temporal y readecuación de las actividades parlamentarias y la asunción de prioridades acordes a la crisis económica y sanitaria.
Hay legisladores, tanto dentro del peronismo como de la oposición, reticentes a la ley por tratarse de un asunto controversial para los sectores conservadores de la sociedad, influenciado por el rechazo de instituciones religiosas como la Iglesia católica, cuyo líder es el papa Francisco, argentino y cercano al oficialismo, así como del conjunto del evangelismo cristiano.
"En Argentina hay 39.025 internaciones por aborto inseguro por año y, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta el 2019, al menos 3.200 mujeres murieron por esta causa. Se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año, 54 por hora. Cada 3 horas, una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar", enumeró Waldhorn para destacar la gravedad de la situación.
No obstante, en los hechos esto no se respeta en gran parte del país, donde en la mayoría de los casos existe una ausencia del apoyo de la Justicia y respeto de las instituciones sanitarias a los protocolos hospitalarios para que el procedimiento se realice en tiempo y forma adecuados.
"Confiamos en nuestra fuerza y en la despenalización social que hubo a lo largo de estos 15 años, y sobre todo desde 2018, con respecto a este derecho humano. Confiamos en que hay una sociedad que está esperando y reclamando que quienes deciden políticamente lo aprueben para que este derecho se legisle", concluyó.