En Argentina, más del 80% de los pequeños productores alquilan la tierra que siembran. Ellos y ellas, que cultivan más de 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país, solo tienen 13% de la tierra cosechable del territorio, en un país que tiene enormes cantidades de tierras para una densidad de población de solo 16 habitantes por km2.
Por eso, crece la presión de las organizaciones socioambientales para que se ofrezcan alternativas para los pequeños productores rurales, que son quienes dan de comer alimentos sanos a la población, mientras se debate el rol del Estado en su capacidad de control de las consecuencias ambientales y económicas del agronegocio, uno de los sectores productivos más concentrados manejados por la élite y las empresas multinacionales.
La iniciativa, presentada sin éxito anteriormente en 2016 y 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), pretende crear un programa de créditos blandos con tasas de interés bajas para que familias de agricultores puedan acceder a parcelas propias para producir alimentos libres de agroquímicos y de trabajo esclavo, demandas que se suman a los reclamos vigentes por viviendas dignas.
"Sobre todo en el sector de frutas y verduras, pero también algunos pequeños tambos, no somos dueños de la tierra que trabajamos, la gran mayoría somos arrendatarios de por vida. Sin acceso a la tierra es muy difícil avanzar en modelos de mayor autonomía, por eso la ley", dijo a Sputnik Rosalia Pellegrini, integrante y vocera del colectivo.
Mientras más del 80% de los pequeños productores alquilan la tierra que siembran, donde se produce más de 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país, el 1% de las empresas agrícolas controlan el 36% de la tierra cultivada, donde rige el monocultivo y el modelo extractivista que prioriza la exportación de materias primas, atado a los precios internacionales de las commodities.
"No tenemos tierra propia para poder decidirnos por otros modelos de producción como la agroecología, que es lo que hacemos desde la UTT; nosotros mismos fuimos encaminándonos en un proceso de transición porque nos dimos cuenta", continuó Pellegrini.
Tierra, vivienda, producción sustentable y Estado, en debate
La presentación del proyecto se da en un contexto muy particular en Argentina. Desde el inicio de la pandemia, hubo alrededor de 1.800 tomas de tierras ociosas entre población que demanda vivienda digna frente a la crisis económica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde habría al menos 10 todavía activas, pero también en otros 11 distritos del país, principalmente en la región del norte argentino y algunos casos especiales en la Patagonia, relacionados a politizados reclamos de comunidades indígenas por tierras ancestrales.
A pesar de esto, en los últimos meses se llevó adelante un conjunto de medidas gubernamentales cuestionadas por el ambientalismo, principalmente el proyecto que busca instalar 20 megagranjas de cerdos para producir 900.000 toneladas de carne de alta calidad a través de un acuerdo con China.
Además, se aprobó el uso de trigo transgénico Hb4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, considerado más tóxico que el glifosato; se lanzó un programa para aumentar la producción agropecuaria a 200 millones de toneladas sin un esquema sustentable; se lanzó el plan Gas IV en la cuenca de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, criticada por el uso de fracking; se redujeron las retenciones a la exportación minera; y la provincia de Santa Cruz prohibió por ley la creación de reservas naturales durante un año, impulsado por sociedades rurales locales.
"Las empresas de biotecnología y la dependencia para producir con insumos importados a precio dólar es una realidad que se instaló hace 50 años, por lo que vivimos esclavos de un paquete que encima generalmente envenena", detalló.
Según la UTT, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, 2.000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda. Solo con un tercio de lo que el Estado le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín se podría dar una oportunidad a miles de familias campesinas y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario.
Las veces pasadas que el proyecto se presentó fueron apoyadas por integrantes de la oposición que hoy son funcionarios del Gobierno actual, como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por lo que la vocera de la UTT confía en que existe voluntad política para que avance.
"La UTT lucha por la reforma agraria integral, creemos realmente que hay que cambiar la matriz productiva y de tenencia de la tierra en Argentina, pero entendemos que los productores tenemos un rol social muy importante, abastecemos de alimento al pueblo, y planteamos una ley muy realizable en el marco del sistema económico y político en el que vivimos", concluyó la cooperativista.