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La argentina que donó 40% de su herencia para reparar crímenes de su familia oligarca

© Foto : Pixabay/congerdesignUn campo de trigo (imagen referencial)
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Dolores Etchevehere, hermana de Luis Miguel, exministro de Agricultura del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y expresidente de la Sociedad Rural, acusó a sus allegados de un historial de corrupción, fraude y evasión y cedió tierras a un proyecto agroecológico como reparación. Los acusados, sin embargo, denuncian la iniciativa como usurpación.

La mañana del 15 de octubre, alrededor de 40 jóvenes activistas y representantes legales de Proyecto Artigas —un emprendimiento conformado por grupos de campesinos, militantes sociales y organizaciones ambientalistas— tomaron posesión pacífica de una parte de la estancia Casa Nueva, ubicada en el departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos, acompañados por Dolores Etchevehere, una de las dueñas del establecimiento por herencia.

​En simultáneo, la organizaciones detrás del proyecto difundieron un extenso video donde la mujer aseguró que lleva más de una década denunciando a sus tres hermanos y a su madre, luego de la muerte de su padre en 2009, por delitos en su contra por la falsificación de su firma y violencia de género y económica para excluirla de sus derechos.

Además, los acusó de crímenes contra peones rurales por casos de explotación y trabajo esclavo, así como por acceder a terrenos fiscales a precio vil, décadas de evasión impositiva, administración fraudulenta, lavado de dinero y contaminación ambiental, con impacto directo en la población.

"Desde siempre soy testigo del manejo fraudulento que me avergüenza. El complejo entramado de actividades delictivas fue desarrollado y sostenido durante décadas con corrupción, violencia e impunidad, un modelo asegurado por contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos, que les permite beneficios a los que ningún otro ciudadano común puede acceder", dijo Etchevehere en su descargo.

​"Lo que está sucediendo es que la oligarquía terrateniente se resiste a ceder sus privilegios y prebendas. Nosotros buscamos verdad, justicia y reparación. Verdad para revelar el verdadero rostro de estas élites corruptas. Justicia para que paguen por sus delitos aberrantes y dejen de secuestrar las instituciones. Reparación para Dolores y todas sus víctimas: trabajadores, pequeños campesinos, los niños que envenenaron con glifosato", dijo a Sputnik Juan Grabois, dirigente social cercano al papa Francisco, referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

"Dinámica feudal"

Dolores Etchevehere es la única hija del difunto empresario rural Luis Félix Etchevehere, patriarca de una tradicional e influyente familia terrateniente de la provincia de Entre Ríos, ligada a la política y las actividades agropecuarias, dueña de un histórico periódico local, de una inmobiliaria y constructora y administradora de 5.000 hectáreas de campos.

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Es nieta de Luis Lorenzo Etchevehere, quien fuera gobernador y senador nacional, y hermana del exministro de Agricultura durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y expresidente de la Sociedad Rural Argentina (2012-2017), Luis Miguel Etchevehere. La familia realizó una denuncia por usurpación y supuesta amenaza a los caseros durante el ingreso de los activistas a la estancia, por lo que solicitó a la Justicia provincial una orden de desalojo.

​"Hoy [16 de octubre] hubo una inspección de la fiscal que interviene en la causa que hizo el resto de la familia. Pedimos a la Justicia federal y a la provincial que se establezca un perímetro por todo el campo con seguridad policial y que sea Dolores quien establezca quién puede entrar, porque consideramos que Luis Miguel Etchevehere es un mafioso impune que está en caída libre, acorralado y que puede llegar a hacer cualquier cosa", dijo a Sputnik Facundo Taboada, integrante del equipo jurídico de Proyecto Artigas, quien negó cualquier tipo de violencia y presencia de armas en la toma pacífica.

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La estancia Casa Nueva, donde se está instalada Dolores Etchevehere y los integrantes de la Comunidad Rural Organizada de Proyecto Artigas, es una de las cinco fincas de la familia. Se ubica en la entrada al poblado que creció como extensión al frigorífico Santa Elena, que nació como saladero en 1871, llegó a tener miles de empleados, fue estatizado en 1984, nuevamente privatizado en 1991 y clausurado en 1993, lo que provocó 90% de desocupación en una población de 18.000 personas.

Según explica la organización, los empleados fueron despedidos, pero se les permitió permanecer en la tierra, aunque sin título de propiedad. En 2004, el Gobierno provincial decidió vender el capital del frigorífico, que reabrió parcialmente, con 40 empleados, en 2005. La familia Etchevehere obtuvo en 2007 alrededor de 370 hectáreas por la que pagaron únicamente 10% de su valor y los trabajadores rurales fueron desalojados por un grupo armado con escopetas.

Proyecto Artigas detalló en un comunicado que la tierra pertenece por derecho hereditario a Dolores Etchevere, quien se encuentra presente y forma parte del proyecto. Se trata del 25% de todo el acervo hereditario de los Etchevere, que Dolores ha donado por escritura pública en un 40% para este proyecto "reparador, ecológico y comunitario". También decidieron restituir las 70 hectáreas pertenecientes a la escuela Agrotécnica, que fue usurpada por la familia.

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En 2017, Dolores Etchevehere denunció públicamente que Las Margaritas S.A., la empresa familiar, tomó créditos para sembrar soja, con un plan de promoción con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares.

Ese dinero habría sido desviado a cuentas de otras sociedades, como la editora de El Diario de Paraná, en 2012, empresa que habría sido vaciada de sus 18 inmuebles, ocho de los cuales fueron a parar al patrimonio de Construcciones del Paraná, otra de las empresas familiares. La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) determinó que esta firma era insolvente al momento de adquirirlos, aseguró la heredera.

"Luis Miguel Etchevehere tiene una desvergüenza que es producto de esta dinámica feudal. Hoy Entre Ríos es la provincia más contaminada de Argentina, es la que tiene más enfermos de cáncer por glifosato. Quedó a la vista qué dañino es para la civilización que haya sectores que no tienen que cumplir con la ley y que puedan desarrollar sin límite modelos de negocios que contaminan, esclavizan, corrompen y roban", recriminó Taboada.
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