Los grupos parlamentarios de los partidos que integran la coalición de gobierno en España, PSOE y Unidas Podemos registraron el 13 de octubre una propuesta de ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de desbloquear su renovación.
Pero en caso de que no se alcance esa mayoría necesaria y la situación se bloquee, tal y como ocurre en la actualidad, se propone aprobar la renovación del CGPJ con una mayoría absoluta (176 diputados) pasadas 48 horas de la primera votación.
La oposición parlamentaria española y diversas asociaciones de jueces denuncian que este método lesionaría la independencia judicial. El PP advierte que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional y ante la justicia europea en caso de prosperar su tramitación, pues la califican de "injerencia" en el Poder Judicial. El líder del PP, Pablo Casado, asegura que "ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial".
El Gobierno insiste
Al término de su participación en el Consejo Europeo el 16 de octubre en Bruselas, Pedro Sánchez volvió a defender ante los medios asistentes a su rueda de prensa la necesidad de proceder a desbloquear la renovación del CGPJ.
"El PP ha utilizado todo para derribar el Gobierno. No es nuevo, forma parte de una estrategia", aseguró. "Pero el poder legislativo tiene derecho a modificar la ley para que se cumpla la Constitución".
La UE ya avisó
En realidad fue la propia Comisión Europea la que mediante un informe sobre el Estado de Derecho reclamó el 30 de septiembre a España la renovación de los cargos del Poder Judicial, habida cuenta de que en diciembre cumplirá dos años sin renovarse.
El texto recoge la valoración del actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que califica esta demora "anomalía institucional", circunstancia que puede desacreditar el órgano. También se señala que la vía emprendida por el Ejecutivo español puede igualmente afectar la independencia judicial.
La opinión de los jueces
De las cuatro asociaciones judiciales que existen en España, tres de ellas ‒la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente‒ emitieron el 15 de octubre un comunicado conjunto alertando del peligro que supone para la independencia judicial la reforma anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La cuarta asociación, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), no suscribe este comunicado y el día anterior emitió el suyo propio, exigiendo la "renovación inmediata del CGPJ conforme con la legislación actual, exhortando a los grupos parlamentarios a un acuerdo sin dilación y sin bloqueos".
La portavoz de JJpD, la magistrada Ascensión Martín, manifestó a Sputnik que la composición del CGPJ debe renovarse "lo antes posible y con la mayoría parlamentaria de tres quintos de la cámara" que rige en la actualidad. "Este problema viene por el bloqueo sistemático de un grupo parlamentario en la renovación del CGPJ en plazo", afirma Martín, que matiza:
"Alternativamente, pero solo en el caso de que el bloqueo se produzca de forma indefinida, entenderíamos que se pudiese legislar con el fin de regular las competencias que tiene el órgano de gobierno de los jueces estando en funciones, al igual que otros órganos administrativos de carácter colegiado, que estando en funciones solamente puedan hacer lo que se entienda que es fundamental, de urgencia o que no puede posponerse".
¿Un obstáculo para los fondos europeos?
El líder del PP, Pablo Casado, aseguró durante una sesión de control al Ejecutivo que la reforma propuesta por PSOE y UP pone en peligro incluso las ayudas europeas destinadas a España provenientes del Fondo de Recuperación.
"Y esto es precisamente lo que ha sido visto como un problema por no contar con un Estado de Derecho adecuado en ciertos países del Club de Visegrado".
"En cualquier caso", destaca este sociólogo y economista, "este riesgo aún no se ha invocado para el caso español, ni se ha manejado aún este argumento, que yo conozca, para referirse al Fondo de Recuperación Europeo. Pero tampoco es descartable".
Albarracín, que en la actualidad es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, advierte del peligro de bloqueo del propio sistema político español "a partir de prácticas como el Lawfare, donde el sistema judicial desbarata las iniciativas políticas que no están acordes al ideario conservador que reina en determinados niveles del sistema judicial por herencia de la época franquista o por influencia en su elección en la época del Partido Popular".
¿España como Hungría y Polonia?
El 15 de octubre, durante una reunión en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, y con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, con motivo de la cumbre del Partido Popular Europeo, Casado declaró que el Gobierno de España busca "atacar la separación de poderes" y "debilitar la democracia española".
Dirigentes del PP han comparado la situación en Hungría y Polonia, países a los que la UE exige reformas institucionales y un respeto al Estado de Derecho para acceder a la ayuda del Fondo de Recuperación, con la que se está dando en España
Desde la bancada socialista en el Parlamento Europeo refutan tal comparación. La presidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara, Iratxe García, calificó la polémica como "ficticia", asegurando que únicamente se halla "en el seno de determinados partidos", pero no en Bruselas.