"La Comisión, en cabeza de los comisionados y comisionadas, establecerá comunicación inmediata con familiares de Álvaro Gómez Hurtado (…). Asimismo, con las entidades y organizaciones afectadas" por ese asesinato, indicó el organismo en un comunicado.
El 3 de octubre, la presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, anunció que el miércoles 30 de septiembre, "en carta dirigida a la JEP, las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) reconocieron seis homicidios (…), entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado".
Asimismo, asumieron su responsabilidad en los homicidios del rebelde de las FARC José Fedor Rey, conocido como "Javier Delgado", el 30 de junio de 2002; del exconsejero presidencial para la paz Jesús Antonio Bejarano, el 15 de septiembre de 1999, y del general retirado del Ejército Fernando Landazábal Reyes, el 12 de mayo de 1998.
Sobre ellos, la Comisión de la Verdad también indicó este 5 de octubre que se contactará con sus familias.
"La Comisión, en el esclarecimiento de la verdad histórica, escuchará a los miembros de FARC y contrastará sus versiones con las de otras personas y entidades que quieran contribuir a este esclarecimiento. La Comisión se pronunciará en su informe final", indicó el organismo.
Sin embargo, la declaración de las FARC fue recibida con reproche y escepticismo por parte de varios sectores, entre ellos la propia familia de Álvaro Gómez (1919-1995), que desde años atrás señalan al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de ser el directo responsable del asesinato del político.
En diálogo con la emisora W Radio, este 5 de octubre, el periodista Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, aseguró que durante los 25 años que ha tomado la investigación del magnicidio ni él ni su familia han tenido información sobre la participación de las FARC en dicha muerte y que, por el contrario, siempre se ha observado que se trató de un crimen político.
Según Mauricio Gómez, los excomandantes guerrilleros buscan "tapar hueco de mentiras fabricando una mentira mayor", y agregó que no les interesa atribuirse ese y otros asesinatos porque "en La Habana se negoció la impunidad, cuando hubo un relevo de negociadores y llegaron los amigos de Samper".
Este 5 de octubre, en diálogo con el diario El Tiempo, Samper se dijo "sorprendido" con la adjudicación del asesinato que hicieron los excomandantes de FARC y aseguró que la posición de los familiares de Gómez en su contra es política.
"Ellos lo que quieren es que se determine que hubo un crimen de Estado que les permita pasar una indemnización y reclamar un billete [dinero] que vamos a pagar todos los colombianos", aseguró Samper.
Al respecto, Mauricio Gómez negó que su familia busque algún tipo de indemnización por parte del Estado y calificó esa versión como una mentira de Samper.
La carta de reconocimiento de los seis asesinatos fue recibida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y está firmada por antiguos integrantes del Secretariado de las antiguas FARC, entre ellos los hoy senadores Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo, así como también por el exguerrillero Pastor Alape.