"El 11 de septiembre de 2020, el ministro de Defensa, en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución", dijo Trujillo en declaraciones a la prensa.
Según Trujillo, esa disculpa se relaciona con cualquier exceso policial que hayan cometido agentes en el marco de las manifestaciones.
El 22 de septiembre, la CSJ emitió un fallo mediante el cual ordena que se den garantías para la protesta social, lo que contempla la suspensión de escopetas calibre 12 por parte de agentes de la Policía en medio de manifestaciones y que el propio Trujillo pidiera excusas públicas por la violencia policial en un plazo de 48 horas desde que se dio a conocer la providencia, plazo que se cumplió el 24 de septiembre.
El fallo se emitió, según la CSJ, luego de que evidenció "una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas" presentadas en noviembre de 2019 y el 9 y 10 de septiembre pasados en Bogotá.
Sin embargo, tal y como lo exige la norma, la cartera liderada por Trujillo publicó este día el contenido completo de la sentencia de la CSJ.
"En cumplimiento a la sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020, con número de radicación 11001-22-03-000-2019-02527-02, el Ministerio de Defensa publica el contenido completo y legible de este pronunciamiento (...)", indicó ese organismo en Twitter.
Aunque los fallos de los altos tribunales deben ser acatados por el Ejecutivo de manera obligatoria, el Gobierno colombiano anunció que pedirá a la Corte Constitucional que revise la providencia de la CSJ, lo que ha generado amplia polémica en el país, ya que varios sectores sostienen que el Ejecutivo ha incurrido en desacato.
La providencia de la CSJ se relaciona con abusos policiales cometidos en noviembre de 2019 en medio de manifestaciones contra el Gobierno, así como por excesos de la Fuerza Pública en protestas presentadas los pasados 9 y 10 de septiembre por la muerte de un abogado y que dejaron 14 personas muertas y 300 más heridas en Bogotá y el municipio vecino de Soacha.