"El Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral, ha incurrido en asesinatos en forma sistemática en contra de población civil bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental a fin de consolidarse en el poder", dijo en conferencia de prensa la defensora, Nadia Cruz.
La defensora, funcionaria señalada por el Gobierno como próxima al opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), hizo la afirmación al resumir un informe sobre los sucesos de octubre a diciembre de 2019 que antecedieron y siguieron a la caída de Morales y la autoproclamación de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez.
"El informe, de más de 300 páginas, describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz", señaló Cruz.
Sin pacificación
Contrariamente a reiteradas proclamas de la presidenta Áñez de que logró la pacificación del país, tras la crisis de 2019 y recientes protestas en demanda de elecciones generales, la defensora aseveró que persisten la tensión y el conflicto.
"No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país", pese a que cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, afirmó Cruz.
La defensora dijo que presentará el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y anunció que solicitará al parlamento la creación de una Comisión de la Verdad independiente, para esclarecer las vulneraciones a derechos fundamentales y determinar reparaciones.
El documento se concentró en las masacres de opositores a Áñez ocurridas el 15 de noviembre de 2019 en el pueblo de Sacaba (vecino a Cochabamba, en el centro del país) y cuatro días después en el distrito urbano de Senkata (El Alto), que dejaron 20 muertos.
Esas muertes "se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización para cometer dicho ataque", que se suman a otras siete entre las cuales hubo casos de torturas en instalaciones policiales, indicó.
Apuntó que se confirmó que en varias operaciones de represión los militares y policías tuvieron la colaboración de grupos civiles irregulares.
La Defensoría afirmó que recogió testimonios y pruebas abundantes que respaldan la denuncia de masacres, pese a la obstrucción y negativa de información con que tropezó a lo largo de la investigación.
Policías, militares y fiscales "han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales, (como) el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos", sañaló.
El informe agregó que los ataques y hasta destrucción que sufrieron los domicilios de una veintena de personas, tanto partidarias como detractoras de Morales, eran violaciones a derechos fundamentales que debían ser investigadas.