"Argentina destaca informe de la ONU sobre los derechos humanos en Bolivia", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
En este contexto hubo "diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión", en un escenario de protestas "mayoritariamente pacíficas", en que la policía no cumplió con su deber de proteger a la población.
Aunque es "algo negado por el Gobierno de facto de la exsenadora Jeanine Áñez", la policía y las Fuerzas Armadas emplearon municiones letales el 15 y el 19 de noviembre en el municipio de Sacaba, en Cochabamba (centro) y en Senkata, en El Alto (oeste), lo que provocó la muerte de 19 personas.
La alta comisionada Bachelet también observó en su informe "un patrón de persecución judicial contra autoridades o personas asociadas con el Movimiento a Socialismo (MAS)", el partido del presidente derrocado Evo Morales.
En estos procedimientos se detectaron "violaciones a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, con irregularidades en la notificación de las órdenes judiciales, el arresto de testigos, el hostigamiento, detención y el enjuiciamiento de abogados defensores, debilidad de pruebas respaldatorias y la exposición pública de los detenidos", además de la aplicación de "medidas excepcionales como la detención preventiva", añadió Bachelet en su informe.
Legitimidad democrática
El Gobierno argentino de Alberto Fernández manifestó su convicción sobre las graves violaciones a los derechos humanos que lleva adelante el actual Gobierno boliviano desde el golpe de Estado que siguió a las elecciones del 20 de octubre en las cuales Evo Morales fue el candidato más votado.
En consecuencia el Gobierno argentino "exhorta a todos los actores políticos, gubernamentales y sociales en Bolivia a comprometerse en el proceso electoral del 18 de octubre próximo", añadió la Cancillería en su comunicado.
El informe de la Oficina de Naciones Unidas se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.
