"En decisión del día de hoy, el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, no se declaró impedido frente a la solicitud presentada en su contra por el apoderado del senador Iván Cepeda Castro", señaló el organismo en un comunicado.
Cepeda, considerado víctima en el caso, anunció el 4 de septiembre que recusó a Jaimes luego de que fue nombrado para la investigación por parte del fiscal general, Francisco Barbosa.
Según el comunicado de la Fiscalía, Jaimes seguirá la investigación a Uribe "en el entendido de que no se cumplen las causales (...) para separarse de la investigación que se sigue contra el exsenador".
El fiscal de conocimiento señaló que "la autonomía e imparcialidad en el proceso están garantizadas", agregó el texto.
El 4 de septiembre, Cepeda también anunció que denunciará a Barbosa ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes porque, a su juicio, al nombrar a Jaimes al frente de la investigación "burló" una recusación que el 2 de septiembre presentó en su contra para que se declarara impedido frente a cualquier actuación dentro del caso de Uribe.
"La posición de jerarquía que ejerce el Fiscal General de la Nación está claramente definida por la Constitución, por lo que se descartan intromisiones en el curso del proceso", señaló la Fiscalía en su comunicado al recoger palabras de Jaimes, quien además aseguró que "no existe vínculo ni enemistad con la víctima (Cepeda) o los sujetos procesales".
Por último, según el comunicado, Jaimes expresó que "asumió las acciones investigativas con absoluta responsabilidad y rigor, y tomará decisiones al imperio de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes".
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra de Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.
La CSJ entregó el caso de Uribe a la Fiscalía la semana pasada, luego de que el político renunció a su escaño como senador el 18 de agosto, con lo cual perdió de inmediato su investidura y su caso pasó a la justicia ordinaria.