Según documentos desclasificados, difundidos por la organización, un memorando de 2004 muestra que un alto funcionario del Pentágono informó al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de que Uribe "tuvo, casi con certeza, vínculos con los paramilitares".
"El documento es la primera evidencia desclasificada referida a los presuntos vínculos de Uribe con los paramilitares que llega a los más altos niveles del Departamento de Defensa", consigna el NSA en su página web.
Los registros publicados este 31 de agosto incluyen memorandos a Rumsfeld, informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa, cables de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una directiva de decisión presidencial, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre los vínculos del Ejército colombiano con paramilitares y otros materiales.
Asimismo, revelan que un "informe de inteligencia militar estadounidense de 1991 recientemente desclasificado" vinculaba a Uribe con narcotraficantes, "específicamente Pablo Escobar (1949-1993)", en ese entonces jefe del Cartel de Medellín (noroeste).
Los registros desclasificados publicados este 31 de agosto abarcan unos 25 años de rumores, acusaciones y pruebas de los vínculos de Uribe con narcotraficantes y paramilitares, y dejan ver que la relación del expresidente con estos últimos era algo conocido por EEUU, que estuvo dispuesto "a pasar por alto" si el mandatario cumplía con cuestiones de mayor prioridad.
"Los supuestos vínculos de Uribe con una organización terrorista... eran mucho menos importantes que su desempeño como presidente, que Estados Unidos veía favorablemente", afirma el NSA en base a los documentos.
De acuerdo con los registros, Uribe era conocido por los paramilitares como 'El Viejo' y visto por EEUU como un individuo calificado para lidiar con las múltiples crisis de seguridad de Colombia, a tal punto que Rumsfeld midió su éxito en base al recuento de muertos de guerrilleros en operaciones del Ejército; sin embargo se trataba en realidad de "falsos positivos", como se conoció después a los asesinatos extrajudiciales de civiles a quienes se hizo pasar por rebeldes muertos en combate.
La desclasificación, publicada en un extenso artículo por parte de la NSA, también muestra que como presidente, Uribe empleó "a uno de los comandantes del Ejército colombiano más asociados con la colaboración paramilitar", el general Rito Alejo Del Río Rojas, como uno de sus principales asesores militares.
El reporte cita un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), del año 2006, que expresa que Del Río, como comandante de la Brigada XVII del Ejército durante el Gobierno de Uribe, "hizo una alianza con los paramilitares para luchar conjuntamente contra las FARC en una serie de operaciones de combate ofensivas para sacar a las FARC de Urabá", una región del noroeste del país.
De hecho, el informe desclasificado señalaba que la expansión paramilitar de 1997 desde Urabá hacia territorio tradicionalmente controlado por la guerrilla fue "el cambio más significativo" que EEUU vio en esos meses, afirmando que degradó "aún más la ya de por sí precaria situación de seguridad y derechos humanos de Colombia".
El informe de la NSA sostiene además que la creciente evidencia legal y desclasificada de los vínculos de Uribe con el narcotráfico y paramilitares "sugiere que el expresidente enfrenta un futuro eludiendo investigaciones criminales y civiles" en nombre de sus muchas presuntas víctimas.
Actualmente Uribe está cumpliendo con prisión domiciliara desde el pasado 4 de agosto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El exmandatario es investigado por ese tribunal por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, con el objetivo de que brindaran testimonio contra el senador de izquierda Iván Cepeda.
El pasado 18 de agosto, Uribe renunció a su banca en el Senado.
De ser hallado culpable, el expresidente, quien es el primero en la historia de Colombia en ser detenido por una investigación, podría enfrentar una pena de hasta ocho años en prisión.
