"Necesitamos medidas cautelares permanentes y seguridad permanente para la comunidad de Punta Piedra: no estamos de acuerdo con la convivencia con los invasores", reclamó un vocero de dicha comunidad afrocaribeña, citado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La solicitud se da a casi 50 días de la desaparición de cinco activistas garífunas, secuestrados en sus casas por individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones, y en medio de las denuncias que señalan que el Estado oculta sus paraderos.
La coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció en un reciente video compartido en sus redes sociales el proceso de expulsión y destierro avalado por el Gobierno de Honduras contra el pueblo garífuna, que se encuentra a las puertas de un nuevo caso.
La activista precisó que la implementación de zonas especiales de desarrollo, la producción masiva de palma africana, los proyectos de industria extractivista y el turismo de enclave generan mucha represión, criminalización y judicialización contra el liderazgo de dicha comunicad.
"Por eso estamos exigiendo justicia, además de la devolución de los hijos de Triunfo de la Cruz y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado hondureño", enfatizó Miranda, en alusión a los activistas raptados el pasado 18 de julio.
Global Witness, ONG dedicada a exponer los casos de corrupción y violación de derechos humanos para la explotación de recursos naturales, constató en un reciente informe que Honduras se destaca entre los países más peligrosos para ejercer la defensa de la tierra y el medioambiente.
La CIDH comprobó que el Gobierno pretendía despojar a los garífunas de sus tierras para propiciar la construcción de grandes proyectos turísticos en ese paraje natural, y que todavía incumple sus obligaciones de delimitar y demarcar cientos de hectáreas conferidas a la comunidad.