Uno de los principales impulsores de la consulta ha sido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea de celebrar una consulta ciudadana surgió después de la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya el pasado 11 de agosto, en la que señaló a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Para Gibrán Ramírez Reyes, politólogo y actualmente uno de los contendientes por la dirigencia de Morena, el partido cuenta con los recursos suficientes para enfrentar a la llamada mafia del poder por la vía de solicitar un juicio contra los expresidentes que hayan cometido actos ilícitos, pero no así en lo que respecta a una organización interna capaz de impulsar la causa de forma unificada.
"Tenemos muchos referentes personales, tenemos muchos equipos políticos, que no se han puesto de acuerdo ni siquiera en las formas de suceder la dirigencia, menos en causas. No ha habido discusión programática en este tiempo, entonces sería complicado que sea un esfuerzo partidista. En eso se ha dejado ver la falta de articulación del partido", expresó.
Cabe mencionar que la ley dispone de diferentes vías para que se solicite la realización de una consulta ciudadana. La primera de ellas consiste en recabar el 2% de firmas de ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral, en la segunda opción basta con que el 33% de los legisladores de cualquiera de las dos cámaras hagan la propuesta y la última es que el jefe del Ejecutivo mande una petición formal ante el Congreso.
Por su parte, Ibrahim Lira, académico, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que Morena cuenta con la fuerza suficiente para impulsar la consulta dado que tiene representación mayoritaria en las dos cámaras del Congreso. Es decir, "tiene una gran capacidad de operación política, sin embargo, no tanto en lo judicial".
La controversia: ¿por qué hacer una consulta?
La idea de realizar una consulta ciudadana para determinar si se juzga o no a los expresidentes que resulten implicados en actos ilícitos también ha causado rechazo en parte de la población, quienes ven innecesario decidir públicamente un hecho que se podría seguir únicamente por la vía jurídica.
Además, recordó que actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) "está obligada constitucional y legalmente a investigar cualquier hecho que le sea denunciado o, por lo menos, a pronunciarse al respecto de la viabilidad de la investigación de ese hecho".
En cambio, Ramírez, considera que la decisión de enjuiciar a expresidentes "no es un asunto que tenga que correr por la vía jurídica nada más, decir enjuiciar expresidentes es un hecho que trastorna, trastoca a todo el régimen político, y una de las reglas informales, no escritas, de nuestro régimen, es que a los presidentes no se les enjuiciaba, no se les perseguía, que vivían sus expresidencias en una relativa paz".
"Si vamos a cambiar esa regla informal del viejo presidencialismo, es preciso consultarle a la gente. De lo contrario, la única lectura posible va ser que el nuevo presidente está cometiendo una especie de venganza contra los anteriores, pues se sale de esa regla informal. Si es la gente y el presidente se manifiesta, como ha dicho que lo hará, en contra de que se les enjuicie, pues habrá sido decisión del pueblo cambiar esa regla informal de la política", agregó.
Sobre este punto, Lira señala que más allá de la posibilidad de que sea López Obrador el principal impulsor de la consulta, lo cierto es que la posibilidad de iniciar un juicio contra los expresidentes que estén involucrados en actos ilegales representa un cambio de época en la política mexicana.
"Esto está marcando un hito, esto sí es, al menos en términos generales, sí es una transformación de un aspecto de la vida política de México, ¿no? Porque López Obrador, al tiempo de que lo está haciendo, se expone a que se lo hagan si Morena llega a perder la presidencia en las próximas elecciones", comentó.