Cansados de la cuarentena, decidieron salir de sus casas e ir a una fiesta en su pueblo, la aldea Santa Catalina. Cerca de medianoche vieron llegar en motocicletas a hombres armados que comenzaron a disparar. Ocho jóvenes de menos de 30 años fallecieron, cuatro en el acto. Otros muchos quedaron heridos.
En un comunicado, el Ejército colombiano dejó entrever que el hecho pudo ser perpetrado por cuestiones de narcotráfico o cualquier otro factor de criminalidad, ya que "este fenómeno es uno de los principales factores de inestabilidad" en la región.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (53.000 dólares) para quien dé informes sobre el paradero de los autores de estos crímenes que enlutan a Nariño, según informó en su cuenta de Twitter el gobernador de Nariño, Jhon Rojas.
Además anunció que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad sesionará en el departamento y que se incrementará la presencia policial. También se instalará una mesa social entre el Gobierno nacional y las autoridades departamentales y locales para continuar negociando la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Un problema que excede a Nariño pero ¿no en las juventudes?
El alcalde Óscar Pantoja dijo en conferencia de prensa que la situación de orden público en su localidad se ha venido agravando en los últimos meses, sobre todo, durante la cuarentena por COVID-19. En una carta pública, el alcalde pidió al presidente Iván Duque que tome medidas para terminar con los asesinatos de jóvenes.
Al menos 200 personas han sido asesinadas en Nariño desde mediados de junio. La masacre de Samaniego es la segunda que se presenta esta semana en Colombia; el 11 de agosto cinco menores de edad fueron asesinados en un barrio de la ciudad de Cali (suroeste) en hechos que aún investigan las autoridades.
El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó la masacre. También lo hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos recordó que ha documentado 33 masacres en 2020, y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.