Poco antes del aniversario de la matanza, la Fiscalía y las acusaciones particulares dejaron formulados los escritos contra Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, presuntos seguidores de ISIS (acrónimo árabe de Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) e integrantes del grupo yihadista.
Ninguno de ellos será juzgado por los muertos y más de 140 heridos que provocaron los miembros de la célula, porque no participaron activamente en la masacre y la Justicia no les considera autores materiales.
Sí colaboraron, sin embargo, en los planes de la célula que el 17 de agosto de 2017 se materializaron en el atropello masivo en la concurrida avenida de La Rambla de Barcelona y los posteriores ataques con arma blanca en el paseo marítimo de Cambrils, ya en la madrugada del día 18.
Ningún autor material con vida
En la acción de Cambrils murieron abatidos por la Policía cinco de sus compañeros, mientras que el sexto, Younes Abouyaaqoub, era el conductor de la furgoneta de La Rambla y también falleció a manos de agentes cuando fue localizado días después en su huida.
Houli Chemlal no se unió al grupo porque estaba en el hospital herido a raíz de la explosióm de la casa de Alcanar, donde durante meses el grupo se preparó para realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones.
Se cree que este incidente frustró los planes originales del grupo, que planeaba atentar contra lugares emblemáticos, como la Sagrada Familia de Barcelona, pero tuvo que improvisar sus acciones.
La investigación vincula la radicalización de los jóvenes involucrados en los ataques —tenían entre 17 y 28 años de edad— directamente a Es Satty, líder religioso de la ciudad de Ripoll (Girona) donde todos residían.
De los otros acusados, Oukabir está acusado de haber alquilado la furgoneta del atropello en Barcelona y Ben Iazza de haber prestado un vehículo a los chicos para transportar material de fabricación de explosivos.
Discrepancias en las acusaciones
El Ministerio Público pide para los tres únicos acusados penas de cárcel entre los 41 y ocho años por delitos de pertenencia y colaboración con una organización terrorista y tenencia de artefactos explosivos, pero considera que ninguno puede asumir la responsabilidad de los asesinatos.
En esta calificación jurídica coinciden las acusaciones de los Gobiernos de Cataluña y Barcelona, que piden respectivamente penas máximas de 44 y 95 años de cárcel.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona eleva su petición a 90 y 95 años para los dos miembros del grupo yihadista y ocho para su supuesto colaborador.
Esta posición contrasta con la del resto de acusaciones particulares, representadas en su mayoría por familiares de las víctimas, personas que resultaron heridas en los ataques y entidades como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), además del Ayuntamiento de Cambrils.
La AVT reclama para Oukabir y Houli Chemlal, a los que considera autores de la matanza, la máxima pena en forma de prisión permanente revisable.
Esta asociación reclama más de 2.800 años de prisión por más de un centenar de delitos de tentativa de asesinato, lesiones e integración del grupo terrorista, y pide que se les prohíba visitar Barcelona y Cambrils diez años después de su excarcelación.
Su solicitud para Ben Iazza llega a los 25 años por haber colaborado con la célula.
Víctimas y familiares reclaman "la verdad"
El acto anual en recuerdo de los atentados celebrado en La Rambla transcurrió este año con gran sobriedad y entre estrictas medidas de seguridad por la pandemia del coronavirus: un minuto de silencio y ofrenda floral para los 16 muertos.
Al homenaje, que se prolongó durante unos pocos minutos, acudieron autoridades catalanas como el presidente de Cataluña, Quim Torra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso español, Meritxell Batet.
También asistieron grupos de familiares y personas que fueron heridas en el atentado, como es habitual, entre ellos la familia de Xavi Martínez, el niño de tres años que murió atropellado por la furgoneta.
Sus allegados hicieron la única proclama que se escuchó en el acto: piden saber "la verdad" de los hechos mediante una comisión de investigación para resolver las múltiples dudas de los afectados.
"Partimos de la decepción de ver que la justicia española no ha querido profundizar en el 17-A. En la causa parten de una premisa engañosa: como los autores materiales de los atentados de Barcelona y Cambrils están muertos, en este juicio no se juzgan los asesinados", afirmó en una entrevista con el diario catalán Nació Digital el abogado de los Martínez, Jaume Alonso Cuevillas.
Consideran que hay muchas preguntas todavía sobre la mesa de cara al juicio y quieren indagar sobre los supuestos vínculos del fallecido imán, Es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, entre otras incógnitas.
"Tenemos la sensación de que los servicios secretos y las supuestas relaciones con el imán son materia que no se puede tocar. A partir de aquí, el juicio tiene poco recorrido. Se juzgan tres supervivientes (...) pero no se les acusa por ninguna de las muertes", cuestiona el abogado.
Los familiares estudian, ante esta situación, agotar las posibilidades de investigación en España y terminar llevando los atentados a otras jurisdicciones como la europea, junto con víctimas de otros países.
Persiste la amenaza yihadista en España
Por el momento, quedan a la espera de que la Audiencia Nacional fije una fecha para comenzar el juicio, probablemente a finales de año ya que si no hay sentencia en verano de 2021 los acusados podrían salir de prisión preventiva.
De lo que no cabe duda es que será un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez que se solicita la condena a prisión permanente revisable en la Audiencia Nacional de España desde que se reformó el Código Penal del país en 2015.
Solo este año, coincidiendo con el confinamiento por la pandemia del coronavirus, la Policía Nacional llevó a cabo seis operaciones que terminaron con la detención de 13 presuntos yihadistas, varios en Barcelona.
Aunque afortunadamente España no vivió nuevos atentados desde aquel verano de 2017, los trabajos de las fuerzas de seguridad indican que no hay relajación posible frente a la amenaza del terrorismo yihadista.