"Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso", con lo cual las familias buscan que el organismo autónomo del sistema interamericano "formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición" de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de esa ciudad capital del estado de Sonora, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín.
Las familias y los abogados del centro humanitario señalan que el caso es "uno de los más emblemáticos de lucha por la protección de los derechos de la niñez mexicana" y que los abogados de las familias consideran resultado de "fallas estructurales" en el sistema de guardería de la administración del entonces presidente Felipe Calderón.
Once años en busca de justicia
Durante más de 11 años, las familias de los 49 infantes fallecidos y los 76 lesionados en la tragedia han reclamado verdad, justicia y no repetición de hechos, pero no pudieron encontrarla en México y tuvieron que acudir a instancias internacionales.
El mecanismo para delegar la atención a los infantes provocaba "el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias", alegan los representantes.
El caso fue elevado a la CIDH en octubre de 2014, y recién el pasado 6 de julio el órgano internacional de la Organización de Estados Americanos lo declaró "admisible".
Las familias anuncian en esta fecha que este litigio interamericano escala a otra fase en "un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana".
Los demandantes consideran que las acciones necesarias incluyen la "plena y efectiva aplicación" a nivel nacional de la llamada "Ley 5 de Junio", fruto de la lucha de las familias.
La mencionada legislación reconoce que el cuidado de niños y niñas "no puede ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y de las familias".
La guardería funcionó desde 2001 hasta la fecha de la tragedia como servicio subrogado a particulares.
Por las presiones sociales fueron condenados posteriormente 19 de los 22 inculpados por la justicia mexicana.
La principal negligencia apunta a Juan Molinar Horcasitas, quien fungía entonces como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo que subrogaba a particulares las guarderías.
El edificio de la guardería era compartido con una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular del Gobierno del Estado de Sonora.
La versión oficial indica que alrededor de las 15:00 hora local, cuando los niños dormían la siesta, en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento que resguardaba cinco toneladas de documentos, placas con registros de vehículos confiscadas y tres vehículos.
El motor del sistema de fundió, fragmentos en llamas cayeron sobre los archivos, el incendio se generalizó en la bodega y se propagó a la estancia infantil.