"¿Dónde está mi esposo?, ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Quién responde por el cuerpo de mi amigo", son las preguntas que se podían ver en los carteles de los manifestantes, informó el diario local El Universo.
La semana pasada, un juez de Garantías Constitucionales acogió la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo contra varias instituciones públicas por el extravío de más de 130 fallecidos.
En la sentencia, el juez ordenó como medida de reparación las disculpas públicas, la atención psicológica y física de las personas por un año y la búsqueda e identificación de los cadáveres que faltan.
Hasta inicios de abril, decenas de cadáveres en Guayaquil permanecían por varios días en sus domicilios a la espera de que las autoridades levantaran los cuerpos; los servicios funerarios también llegaron a colapsar, no solo por la cantidad de muertos sino también por el cierre de algunos ante el temor de que sus empleados se contagiaran.