"La misma labor que hace una persona aquí en España, la hace en Portugal, en Brasil o en Argentina, otra persona que esté teletrabajando", dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista con la radio Onda Cero.
La amenaza de llevarse puestos de trabajo fuera del país llega tras conocerse que el Gobierno se encuentra ultimando un anteproyecto de ley para regular el teletrabajo, una realidad laboral en auge como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Es decir, las empresas deberán hacerse cargo del pago de los equipos (por ejemplo, los ordenadores) y la infraestructura (conexión a internet) necesarios para el desempeño laboral.
Además, el borrador contempla que el teletrabajo sea voluntario para el empleado y también añade mecanismos para garantizar el derecho a la desconexión mediante acuerdos con las empresas que delimiten de forma concreta la duración de la jornada.
Estas propuestas no fueron recibidas con agrado por el sector patronal.
"Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal. El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se plantea esto", añadió Garamendi.
"Son propuestas de trabajo que hay que profundizar en el marco del diálogo social", dijo este 26 de junio la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Pese a anunciar la disposición del Gobierno a dialogar con la patronal, Montero dejó claro que es necesario crear un nuevo marco legislativo para regular el teletrabajo.
"Hay algunos cambios que se han acelerado con motivo de la situación del confinamiento, y sin duda el teletrabajo es uno de ellos", constató.
Ante esta nueva realidad, la portavoz del Gobierno insistió en la necesidad de establecer marcos legales que eviten "una explotación de los trabajadores fuera de su horario laboral", pero también para que "esas personas tengan compromisos y obligaciones exigibles en términos de productividad".