En su decisión, el juez Bruno Savino, de la Justicia Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste) defiende que "se agotaron todas las diligencias", aunque añadió que el caso podría retomarse "en la hipótesis de surgimiento de nuevos elementos informativos", según adelantó el diario Folha de Sao Paulo.
La Fiscalía concluyó que el agresor, Adélio Bispo de Oliveira, "concibió, planeó y ejecutó sólo el atentado"; poco antes la Policía Federal ya había reiterado por segunda vez que no había pruebas de que actuara por orden de algún mandante.
Esta es la segunda investigación que concluye que el agresor actuó por su cuenta; la primera se inició y terminó en septiembre de 2018 y llegó a la misma conclusión, aunque resaltó que el agresor intentó matar a Bolsonaro por motivaciones políticas.
El agresor, con graves problemas mentales, fue acusado de un delito de atentado personal "por inconformismo político", un crimen previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y ahora está preso por tiempo indeterminado en un centro psiquiátrico.
El archivo del caso es provisional porque hay algunas diligencias pendientes que dependen de una decisión del Tribunal Supremo Federal y que tienen que ver con el acceso al celular del abogado del agresor, Zanone Oliveira.
Los investigadores aún no pudieron acceder a esa información porque la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) presentó un recurso para proteger su privacidad, y el Supremo aún no tomó una decisión.
Fuentes de la policía consultadas por la prensa local, no obstante, apuntan que lo más probable es que el abogado haya defendido a su cliente sin cobrar, pensando en la visibilidad que le daría la repercusión mediática del caso.
Desde el principio, el presidente Bolsonaro y su entorno hicieron insinuaciones sobre los supuestos mandantes del atentado, divulgando incluso noticias falsas para vincularlas a grupos y partidos políticos de izquierda.
Sin embargo, cuando en mayo del año pasado la Justicia declaró que Bispo de Oliveira no podía ser imputado porque sufría un trastorno mental que le impedía ser consciente de sus actos, la defensa de Bolsonaro acató la decisión y no presentó ningún recurso.