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¿Hay actores ocultos en la represión policial a manifestantes en la Ciudad de México?

Mientras el Gobierno de la Ciudad de México busca consagrar vías para garantizar el respeto al derecho a la manifestación mediante protocolos y la coordinación con organizaciones civiles, el uso de armamento represivo distinto al permitido por la policía capitalina sugiere la participación de otros actores para contener el descontento social.
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Sputnik recogió testimonios de asistentes a la manifestación del viernes 5 de junio contra el abuso del poder por parte de la policía que señalan el uso de pistolas accionadas por gas carbónico o CO2, también conocidas como pistolas gotcha para reprimir la presencia de manifestantes en el entorno a la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, que no se encuentran dentro del catálogo de herramientas represivas que utiliza la policía de la ciudad de México.

Así lo confirmó a Sputnik el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, quien destacó los esfuerzos del Gobierno local para garantizar la libertad de expresión en una ciudad que tiene, en promedio, diez manifestaciones públicas por día.

Pistolas gotcha para reprimir

Las pistolas accionadas por gas carbónico o CO2 están comprendidas dentro de la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o exportación a México están sujetas a la regulación dispuesta por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para la cual debe solicitarse a este dependencia de un permiso de importación extraordinario previo a su ingreso al territorio mexicano, que es expedido por la Dirección General del Registro Federal de armas de fuego y control de explosivos.

Estas armas accionadas por gas carbónico, también llamadas gotcha debido a su uso común en el entretenimiento que utiliza balines de pintura para simular actos de persecución, no son parte de las herramientas represivas utilizadas por la policía capitalina.

"El Gobierno de la ciudad no las usa, no las tenemos registradas y nuestro Protocolo de actuación policial para la protección de personas en el contexto de manifestaciones tampoco las contempla. En la Ciudad de México no tenemos autorización o posibilidad de usarlas", sostuvo el subsecretario de Gobierno local, Arturo Medina, en entrevista con Sputnik.

Sin embargo, según distintos testimonios recogidos por Sputnik con asistentes así como de integrantes de la prensa mexicana que cubrieron los hechos, estas pistolas fueron usadas desde detrás de las vallas de la Embajada de Estados Unidos, ubicada sobre la Avenida Reforma, durante la manifestación del viernes 5 de junio de 2020 que se convocó en protesta por los recientes casos de abuso policial en ese país, que culminaron con el homicidio de George Floyd.

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"El viernes 5 de junio hubo una convocatoria para una concentración frente la Embajada de Estados Unidos a las dos de la tarde, a la que concurrieron alrededor de una centena de jóvenes, en su mayoría encapuchados y vestidos de negro. Primero avanzaron por la lateral de la Embajada hasta quedar en la calle de atrás y aunque no había policía de la Ciudad de México, cuando los manifestantes empezaron a empujar los tapiales y hacer grafitis en ellos, desde detrás de las vallas se les respondió con el uso de extintores de polvo químico seco y se oyeron los disparos de las armas gotcha desde detrás de los tapiales", explicó a Sputnik, Carla Ríos, subdirectora de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, una organización civil que lleva más de casi dos décadas acompañando las manifestaciones en la capital.

Según la reconstrucción realizada por la corresponsal de este medio, los disparos de las armas de gas carbónico se lanzaron desde dentro del predio de la Embajada de Estados Unidos que había sido vallado de manera que impedía visualizar desde fuera quien las estaba accionando desde dentro.

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Fueron utilizadas en la parte trasera de la Embajada —como señaló Ríos— en una primera instancia y por segunda vez, cuando los manifestantes regresaron a concentrarse sobre la Avenida Reforma, dónde tiene el ingreso principal la mencionada delegación extranjera.

Medina confirmó a Sputnik que "atrás de las vallas de la Embajada había elementos de la Secretaría de seguridad ciudadana pero también había personal de la Embajada. Estábamos nosotros pero también había personal distinto del Gobierno", afirmó.

Esfuerzos por garantizar la protesta

El 29 de marzo de 2017 fue publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el acuerdo 21/2017 titulado Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad pública de la ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones que fue construido por representantes del Gobierno capitalino y la sociedad civil —como la mencionada Brigada Humanitaria de Paz Marabunta— así como la Cruz Roja mexicana y la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México (entonces, Distrito Federal).

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"Trabajamos ese protocolo desde al año 2012 para regular la actuación desproporcionada de la policía con un montón de organizaciones y durante dos años, lo discutimos en conjunto con autoridades de la Ciudad de México. Sin embargo, entendemos que no ha terminado de aterrizar en la capacitación de los funcionarios ni de humanizar a los elementos de policía que acuden a estas movilizaciones, cuando los vemos utilizar los escudos para agredir a las personas o entablando pleitos personales con los manifestantes cuando ellos representan a una Institución", expresó Ríos en diálogo con Sputnik.

Medina reconoció que la vigencia del mencionado Protocolo desde el año 2017 a partir de su publicación en la Gaceta "no es garantía de que se cumpla, si no se lleva a cabo la capacitación y la información baja a todos los elementos. En eso, existe un compromiso importante del Secretario de Seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, quien se ha sentado a conversar con las organizaciones sociales que son de gran ayuda porque su perfil es de apoyo a los ciudadanos, su papel es de mediadores y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de ellos", señaló el subsecretario de Gobierno de la capital mexicana en diálogo con Sputnik.

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Sin embargo, explicó que el trabajo en torno a la efectiva concreción del Protocolo de actuación policial quedó detenido a partir de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a la megalópolis, que se proyectaba para fortalecer la capacitación del personal policial, buscando que el protocolo no quede únicamente a cargo de los mandos de la fuerza, sino que baje hacia todos sus niveles dentro de la estructura jerárquica de la policía.

"El reto que tenemos como gobierno es que todos los elementos policiales, sin que falte uno, tenga la información para que nos ayuden en la aplicación del protocolo con las mejores prácticas de respeto a los derechos humanos, pero también de protección a la ciudadanía y el espacio público", sostuvo Arturo Medina en diálogo con Sputnik.

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Ante la pregunta expresa que titula este artículo —si hay actores ocultos en la represión policial a manifestantes en la Ciudad de México— Medina respondió que no tiene elementos para sostener esa afirmación, pero que el Gobierno de la Ciudad de México está centrado en garantizar la libertad de expresión, así como la tranquilidad en el espacio público.

"En una ciudad que tiene en promedio diez bloqueos o manifestaciones cada día al año, que es muy dinámica en el uso del espacio público para expresarse, es una minoría de personas las que han decidido ir a la acción directa pero, como ha dicho la propia Jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, no vamos a reaccionar como ellos quieren porque nuestra vocación es democrática y de derechos", respondió el subSecretario.

Difamar a los defensores

La manifestación del viernes 5 de junio que articula el análisis presentado en este texto tuvo un segundo momento represivo en el barrio de Polanco, a cargo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dista de estar aclarado. Spuntik recogió testimonios que señalan la "actitud de persecución" que distintos efectivos policiales, tanto uniformados como vestidos de civil, entablaron contra los manifestantes que a pesar de estar encapuchados, representaban un grupo pequeño de menos de un centenar de jóvenes y adolescentes inconformes.

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Muestra de esta situación violenta que se dio en las calles de una de las zonas de más alto poder adquisitivo de la Viudad de México dónde se ubica la representación del Estado de Jalisco, fue cuando una adolescente de 15 años fue pateada en la cabeza mientras estaba en el piso por efectivos durante una carga policial.

Dos policías de la Ciudad de México fueron vinculados a proceso judicial por este hecho, acusados del delito de abuso de autoridad, según determinó el juez de control en la audiencia celebrada el jueves 11 de junio de 2020 en el juzgado anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, dónde los efectivos habían sido recluidos pocas horas después de la denuncia pública de lo sucedido. El juez de control refrendó la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que los mantendrá presos hasta que se dilucide su responsabilidad en el delito.

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Sin embargo, tras el acompañamiento dado a la adolescente de la violencia y la denuncia pública del hecho, la Brigada Marabunta comenzó a ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de la televisora TV Azteca, propiedad del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego.

"La sociedad civil siempre ayuda a los Gobiernos a centrar sus políticas y acciones y, en este caso, el papel de Marabunta es muy importante para los movimientos sociales porque evidentemente no es neutral, tiene una posición de defensa de los derechos de los manifestantes y desde esa óptica, creo que tanto Marabunta como el Frente por la libertad de expresión son necesarios. Es importante acompañar la existencia de cualquier instancia que guarde la protección de los derechos", respondió Medina al ser consultado por la mencionada campaña de desprestigio.

Por su parte, Marabunta hizo a TV Azteca una solicitud de réplica que es un mecanismo contemplado dentro de las obligaciones básicas que rigen la actuación de todo medio de comunicación ante la mención directa de cualquier persona o actor político, que no fue atendido.

Según refirieron desde Marabunta, el pedido a réplica se hizo en referencia a unos vídeos publicados por TV Azteca el 9 de junio de 2020 sobre "el Espacio libre independiente Marabunta mejor conocida como Brigada Marabunta", aunque el nombre correcto de la misma sea "Brigada Humanitaria de Paz".

Fueron fallidos los intentos para comunicarse telefónicamente con la Defensoría de Audiencia de Televisión Azteca entablados desde la organización civil, así como recibieron una negativa a la recepción de la carta que llevaron personalmente a sus oficinas en la calle Horacio #1013 (también en Polanco) argumentando que por la contingencia sanitaria no había personal para aceptarla.

Tampoco fue recibida en las oficinas de la televisora ubicadas en el sur de la Ciudad de México (Periférico Sur #4121) dónde se les respondió negativamente porque allí no es sede de la mencionadadDefensoría, además de negarse a brindar un correo electrónico para su recepción o contacto con personal de la división jurídica de la Televisora que pudiera tramitar el pedido de los ofendidos.

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