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Glencore vs. Argentina: ¿qué pasará con Renova, el tesoro más deseado?

La multinacional basada en Suiza Glencore controla el 10% del mercado mundial de trigo y su historia registra varias acusaciones por evasión de impuestos. La intervención de Vicentin puede obligar a que el Estado argentino comparta con la firma la gestión de Renova, la pieza más seductora del grupo Vicentin.
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La polémica desatada en Argentina en torno a la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de intervenir en la agroexportadora Vicentin hizo que muchos ojos se posaran también en la multinacional Glencore, basada en Suiza y señalada como la empresa más grande dedicada al comercio de alimentos y commodities.

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El vínculo entre Vicentin y Glencore está en la empresa Renova, considerada uno de los activos más importantes de Vicentin, con una de las moliendas más grandes del mundo, un puerto propio sobre el río Paraná y una planta de producción de biodiesel y de aceite refinado capaz de producir 1.000 toneladas por día.

Glencore se asoció con Vicentin en 2007 para conformar Renova, un joint venture en el que las dos empresas tenían el 50% de las acciones.

La historia de Glencore

En su reporte anual de 2019, la compañía reporta haber obtenido ingresos brutos por 11.600 millones de dólares entre sus dos ramas: industrial y comercial. En efecto, la compañía divide su actividad en la rama industrial, explotando minas de carbón, cobre, cobalto, zinc, níquel, ferroaleaciones, minerales de hierro; y la comercial, dedicada a la compra y venta de materias primas de productos alimenticios.

"Somos uno de los principales líderes del mercado mundial de commodities físicas", destaca la compañía en su sitio web. El reporte añade que la actividad de la empresa en este sector se centra en extraer los productos de su "base global de proveedores" para luego "vendérselos a nuestros clientes alrededor del mundo".

De hecho, analistas económicos suelen decir que Glencore llega a controlar el 10% del mercado global de trigo y cerca del 25% del de girasol, cebada y colza.

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La magnitud de sus negocios explican que Glencore maneje una flota de barcos mayor a la de la Armada Británica, según ilustran varias crónicas sobre la firma, la última de ellas en el diario argentino Página 12. La firma a su vez se enorgullece al informar que emplea a más de 160.000 personas y administra más de 150 bases en 35 países.

Los números grandilocuentes no logran esconder la sombra que pesa sobre Marc Rich, el hombre que fundó la compañía en 1974, originalmente como una empresa comercializadora de metales de hierro y petróleo crudo.

En 1983, la Fiscalía de Nueva York acusó a Rich y a otros empresarios por una evasión fiscal de más de 50 millones de dólares. También fue acusado de mantener comercios con la República Islámica de Irán, prohibido por la ley estadounidense. Sin embargo, el empresario nunca llegó a ser condenado. Pudo evadir la Justicia mudándose a Suiza.

El nombre de Marc Rich también estuvo en el centro del escándalo a partir del 20 de enero de 2001, último día de Bill Clinton en la Casa Blanca. El CEO de Glencore fue una de las 140 personas indultadas por Clinton durante su último día de Gobierno y ya no tuvo que responder por sus delitos económicos. Finalmente, Rich se alejó de la conducción de la empresa en 1994.

Las irregularidades en torno a Glencore también aparecieron en los Panamá Papers y los Paradise Papers, que revelaron el uso de empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos. Uno de los casos más sonados fue el de Glencore Australia, investigada por la Australian Taxation Office (ATO) por evadir el pago de 2.500 millones de dólares.

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En Argentina, la empresa es propietaria del 50% de la empresa minera Alumbrera, cuyo emprendimiento principal es Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca (norte), que produce anualmente 321.000 toneladas de concentrado de cobre y oro.

La firma controla toda la cadena, con un proceso que abarca operaciones en Catamarca, Tucumán y Santa Fe y que incluye la extracción, el pasaje por una planta concentradora, un mineraloducto, el filtrado y su posterior traslado al Puerto General San Martín, en Santa Fe, desde donde parten entre uno y dos buques mensuales por el río Paraná hacia los mercados internacionales.

No es la única terminal portuaria administrada por Glencore. La otra, también ubicada en la provincia de Santa Fe, está dentro de la Planta Timbúes de Renova, la empresa de gestiona en sociedad con la argentina Vicentin para elaborar productos como aceite de soja, harina de soja, biodiesel o glicerina, entre otros.

Las acciones de Renova

La mala situación económica de Vicentin en los últimos años llevó a la empresa argentina a ofrecer a Glencore la venta de su participación en Renova. En diciembre, ambas firmas cerraron un acuerdo por el que Glencore aumentaba su participación de 50% a 66% de las acciones.

En abril, la agencia Reuters informó que Glencore había ofrecido a Vicentin pagar 325 millones de dólares por el 33% que aún seguía en manos de Vicentin, aunque el acuerdo no se cerró.

Ahora, fuentes cercanas a la empresa indicaron a la misma agencia que el anuncio del Gobierno argentino de intervenir Vicentin podría frustrar la venta.

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La sociedad entre Glencore y Vicentín también es señalada por irregularidades. En febrero de 2020, cuando Vicentin ya había entrado en cesación de pagos, un grupo de acreedores denunció que existió una maniobra de vaciamiento de la empresa a través de empresas en Paraguay y Bermudas.

También es cuestionado el préstamo que la firma recibió del estatal Banco Nación de Argentina por más de 18.500 millones de pesos argentinos (más de 260 millones de dólares) durante el Gobierno de Mauricio Macri, una operación muy cuestionada teniendo en cuenta que la empresa Vicentin estuvo entre los mayores aportantes de las campañas del macrismo.

Ahora, el Gobierno de Alberto Fernández deberá decidir qué postura toma con respecto a Glencore, con quien —al concretarse la estatización de Vicentin— podría llegar a tener que compartir la gestión de Renova, un paso que para el Gobierno argentino puede ser estratégico para defender la soberanía alimentaria en el país.

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