"Si tiene que haber recortes, que sean por arriba". Esa fue siempre una de las propuestas de Unidas Podemos y con ella llegó al poder el pasado 7 de enero. Fiel a esa promesa, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, anunció la semana pasada que presentaría ante la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados una propuesta para crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, tal como lo han hecho en medio de la pandemia otros líderes políticos, como el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
"Ese dinero iría destinado a los que ahora necesitan mayor protección social porque van a ser los más golpeados por una tremenda recesión económica. Si queremos pensar en extender un Ingreso Mínimo Vital a cada hogar tenemos que, necesariamente, decidir de dónde sacamos este dinero, y la única manera es utilizando el sistema tributario en clave redistributiva", explica Giuseppe Quaresima, economista de la Universidad de Siena (Italia) e investigador de los efectos de la globalización y las estructuras de poder en las empresas.
Esta iniciativa, que plantea sustituir al impuesto de Patrimonio, propone una aplicación de manera progresiva: 2% para los patrimonios a partir de un millón de euros, 2,5% a partir de los 10 millones, 3% a partir de 50 millones y 3,5% a partir de los 100 millones. Desde Podemos denuncian que el 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza.
Jorge Fonseca, economista y profesor de economía internacional de la Universidad Complutense de Madrid, también considera necesaria la aplicación de medidas de este tipo.
"Esta no es la solución exclusiva ni es la panacea. Hay que acompañarlo con otras medidas como, por ejemplo, perseguir el fraude fiscal, que si se consiguiera permitiría recaudar, por lo menos, 50.000 millones de euros. Recordemos que el 85% de las empresas del IBEX tiene cuentas en paraísos fiscales, eludiendo impuestos. Con eso no estaríamos haciendo justicia, solo estamos reduciendo la injusticia. De ahí la importancia de poner sobre la mesa quién va a pagar la cuenta, porque no pretenderán que lo paguen de nuevo los trabajadores, los asalariados, los desempleados", sentencia Fonseca.
¿Otra década perdida?
La desigualdad es una de las tantas características de España.
Esta realidad contrasta con los datos del Informe Mundial de la Riqueza 2019 de la consultora Capgemini que precisa que desde 2008 hasta 2019, en España la cifra de millonarios creció un 76%, ubicando a este país en el puesto número 14 con más personas millonarias.
"Cuando nosotros hablamos de década perdida nos referimos a una grandísima parte de la población que, a diferencia de unos pocos ganadores, no han tenido la posibilidad de recuperar ni siquiera su nivel de vida salarial antes de la crisis. Por ejemplo, la gente que gana menos ha visto bajar su salario medio un 4%, mientras que el 10% de las rentas más altas lo han visto aumentar un 11%. Es decir, ha sido una década perdida para las mayorías sociales y las clases populares, pero ha sido una década de triunfo para los que vieron aumentar sus beneficios y patrimonios. Eso no puede volver a pasar", apunta Quaresima.
En la lista de los 10 más millonarios de España está Amancio Ortega (dueño del grupo Inditex), Juan Roig (presidente y máximo accionista de Mercadona) y Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid y también del grupo de infraestructuras ACS, que reúne a empresas de construcción, servicios industriales y en el Servicio de Ayuda a Domicilio para ancianos o personas con discapacidad.
Y es que mientras unas pocas familias incrementaron su riqueza durante la crisis económica de 2008-2009, millones de españoles tuvieron que vivir con gran parte de sus derechos recortados: sueldos, atención sanitaria, educación, etc.
España es uno de los países de la Unión Europea que tiene menos recaudación de impuestos y donde la principal carga fiscal está sobre la renta del trabajador y del consumo. Y si bien, en el pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos se menciona en el punto 10.2 la posibilidad de estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas para que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", desde el PSOE han dejado enfriar la medida, tal como lo dejó claro la ministra de Hacienda el pasado 12 de mayo cuando dijo que el Gobierno tenía una "clara vocación" de lograr una "fiscalidad justa y progresiva sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa".
"Si en estas circunstancias no es posible ponerles un impuesto a esas grandes fortunas, pues, apaga y vámonos. Empecemos a escribir el réquiem de la humanidad porque será imposible tener futuro si ni eso podemos conseguir, cuando lo que realmente deberíamos conseguir es eliminar los monopolios, la concentración de la riqueza. 2153 personas tienen más que el 60% de la población mundial. Hemos llegado a un punto insostenible", insiste Fonseca.
¿Quiénes se oponen?
Bajar y eliminar impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones ha sido una de las banderas del Partido Popular, incluso en medio de la pandemia del COVID-19.
"Cuando plantean bajar los impuestos del IRPF lo que no dicen es que en realidad beneficia en mayor medida a las rentas más altas. En ese discurso, creo que el planteamiento correcto sería ¿Cuál es la alternativa cuando tenemos que aumentar los ingresos? Estoy seguro, que ahí, el PP plantearía bajar el impuesto directo, pero subir los impuestos indirectos, como por ejemplo del IVA, y eso sí que sería una medida que afectaría a la mayoría social. Aquí no se trata de plantear una subida generalizada de impuestos ni mucho menos, se trata de redistribuir la carga", explica Quaresima.
La negativa del Gobierno de bajar los impuestos, por ser la fuente de financiación de servicios como la sanidad pública, y el simple anuncio de medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o de propuestas como la denominada Tasa Covid a las grandes fortunas ha sido interpretado por algunos sectores como una afrenta. Desde partidos como Vox y el PP han alentado a sus partidarios a tomar las calles, en pleno estado de alarma, para exigir la renuncia de un Gobierno que tachan de "totalitario" y "confiscador".
"En esta lucha se ponen frente a frente los dos proyectos que, de alguna manera, durante la segunda mitad del siglo XX estuvieron oscurecidos o aletargados porque el Estado de Bienestar consiguió contener esa gran confrontación que se mantuvo en el siglo XIX y principios del XX. Por eso vuelvo a que este impuesto es imprescindible, pero ¿por qué? porque hace falta un ingreso mínimo para que todo el mundo pueda cubrir sus necesidades básicas. Primero porque es un derecho humano y segundo porque permitiría que esa gente consuma y eso ayuda a que haya una recuperación de la producción, y eso es una base fundamental para la recuperación económica y social", precisa Fonseca.
Tanto Fonseca como Quaresima insisten en la necesidad de llegar a un consenso social que garantice el bienestar de todos.
"Unos lo pueden ver como una cuestión de justicia social, pero el que no tenga sensibilidad, que por lo menos tenga neuronas y se de cuenta de que esto les será incluso beneficioso para el capitalismo, porque lo que puede ocurrir es que en algún momento la situación sea tan grave a escala mundial, que no va a haber manera de parar a quienes intenten saltar las fortalezas del estado de bienestar que cada vez va a estar más en estado de malestar con el número impresionante de hambrientos que habrá. La élite va a reprimir, pero la gente va a reaccionar ", alerta Fonseca.