Gracias al registro independiente construido por la geofísica María Salguero en su Mapa del feminicidio en México a partir de reportes de prensa, se tiene el mayor registro de asesinatos por violencia machista, que en estado como Colima alcanza niveles de pandemia.
Si se sigue esa estimación hecha por familias de las víctimas, se puede suponer que existen más de 300 niños que quedan huérfanos cada mes en México. En los primeros tres meses del año 2020, Salguero registró 1.000 feminicidios en todo el país, que implica que siguiendo el razonamiento de las familias, estaríamos aún frente a una cifra mayor.
"No hay ninguna autoridad que lleve el conteo de cuántos son estos niños que quedan en desprotección con el feminicidio de sus madres. El Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres) se había comprometido a llevar un censo, pero no ha habido ninguna notificación de ese dato", apuntó Soto.
Por una custodia emergente
El 15 de julio de 2018, Soto y un grupo de familiares de víctimas de feminicidio lograron que el estado de Coahuila (en el norte de México) creara un programa piloto que benefició a 18 niños huérfanos por el feminicidio de sus madres, por medio del cual se decretó la custodia emergente de esos menores de edad a los abuelos maternos.
"Logramos este avance en el estado de Coahuila por medio de una queja que presentamos ante la Comisión Nacional de derechos humanos, pero en el país en general mantiene una situación de desprotección a los niños huérfanos de feminicidio", señaló en entrevista con este medio
Además, explicó que esta es una demanda que han planteado reiteradamente al Gobierno mexicano como un mecanismo de restitución de los derechos de los niños que han quedado huérfanos, porque no existen protocolos actualmente para atender el interior superior de la niñez reconocido nacional e internacionalmente.
"Al no estar visibilizada su situación ni protegidos legalmente, estos vacíos legales perjudican a los niños y benefician incluso a las familias paternas cuando esos hombres han sido incluso los responsables del feminicidio, pero han logrado escapar de la imputación penal. Esta es una situación real y que nadie atiende", refirió Soto.
Soto explicó que tanto el sistema de protección, encabezado por una dependencia llamada Desarrollo integral de la familia (DIF) o las Procuradurías de atención a los niños, niñas y adolescentes estatales, son quienes deben ofrecer atención inmediata a las familias de las mujeres asesinadas que eviten la judicialización de la decisión de quien se queda con la custodia de los hijos de las víctimas de feminicidio en México.
"Los niños quedan en la invisibilidad porque cuando pasa un evento de esta naturaleza, las familias quedan pasmadas, así lo viví yo: te centras en lograr la justicia para la víctima directa; pero muchas familias no dicen que tiene dificultades económicas o emocionales para hacerse cargo solas de los pequeños porque temen que las autoridades se los quiten", señaló Soto.
"Imagínate a esa abuela, con su única hija asesinada en la casa contigua a donde vive, quien con mucha dificultad logra llevar adelante el proceso penal por el feminicidio, queda a cargo de los dos niños y, cuando llega la autoridad, le dice que tiene que modificar una barda de su casa que es un riesgo para los niños y también debe cambiar el techo de lámina de su habitación por uno de concreto. Ahora, ella anda toda nerviosa buscando cómo hacer esas modificaciones que el DIF le señaló porque, si no lo hace, le van a venir a quitar a sus nietos", relató Soto.
Abuelos solos ante la COVID-19
La contingencia ocasionada por la COVID-19 tampoco logró que estas familias, abuelas y abuelos en su mayoría, que quedaron a cargo en soledad de miles de niños huérfanos en el país, recibieran algún tipo de apoyo económico o en alimentación para hacer frente a la dura situación que les toca vivir.
"Las familias han colapsado y aunque hemos pedido apoyo por medios de protestas en redes sociales por no poder manifestarnos en la calle, no han llegado los apoyos. La situación es bien aguda porque muchas personas han perdido el empleo y, aunque busquen, en este momento nadie te contrata. Hay muchas familias que están teniendo problema para conseguir alimentos", explicó Soto.
"Cuando le reclamé a la funcionaria se molestó mucho y me dijo que la canasta no había sido enviada por la CEAV sino donada por familiares y amigos, aunque la entregó vistiendo el chaleco que la identifica como funcionaria de Gobierno. Entonces, le dije que los niños no merecen que nadie les regale su basura y me bloqueó el teléfono, cuando ella debería ser mediadora de esta situación. Entonces, si la propia comisión de atención a víctimas nos bloquea, ¿quién nos defiende?", se preguntó.
"A las mamás de las víctimas de feminicidio se les acaba el Día de las Madres, se vuelven almas muertas en cuerpos vivos y por eso, estamos pidiendo apoyo a la sociedad civil para lograr un día de distracción y esparcimiento entre tanto dolor, para que estas mamás de lucha y protesta y también sus niños, puedan tener un momento de felicidad", concluyó.