El proyecto —ya promulgado— fue una medida de contingencia frente al avance del coronavirus en Chile, ya que intenta evitar el contagio descontrolado de COVID-19 en un contexto de alto hacinamiento de las cárceles. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había presentado la propuesta al Senado el 25 de marzo para conceder indultos generales conmutativos a personas privadas de libertad, que cumplieran determinadas características, para finalizar el resto de sus penas bajo regímenes de reclusión domiciliaria.
Esta acción reabrió el debate sobre la insistencia de dar impunidad, por parte de la derecha, a los violadores de los derechos humanos sin considerar la legislación internacional y los tratados firmados por Chile, que descartan otorgar beneficios a quienes cometieron crímenes contra la humanidad.
El plan de la derecha
Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), esta reacción no resulta sorprendente. "La derecha es partícipe del genocidio que durante 17 años que violó en forma sistemáticamente los derechos humanos, por lo tanto, es una derecha comprometida con la violación a los derechos humanos, en sus filas tiene sujetos que son parte del exterminio", señala a Sputnik.
"Frente a estos sujetos y sus compromisos ante la dictadura cívico-militar y la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, nunca han dejado de insistir en la impunidad para los genocidas, más que aprovecharse del momento, son parte de esa impunidad que el año 90 se selló para los violadores de derechos humanos", agrega.
Para Ignacio Ponce, historiador y académico de la Universidad de Valparaíso, especialista en Historia Reciente de la posdictadura, este compromiso de la derecha tiene dos dimensiones: a corto plazo, recuperar el control social mejorando el vínculo desgastado con los militares; a largo plazo, darles a los militares un rol importante en el ejercicio del poder.
Esto ha llevado, según Ponce, a la élite local a tener al mundo militar como uno de sus bastiones, "recurriendo a las FFAA para reprimir al movimiento popular en distintos momentos, especialmente cuando se cuestionan los sustentos estructurales de sus privilegios y poder", agrega.
Es un hecho que la mayoría de los condenados por violaciones a los derechos humanos son exuniformados que actuaron bajo el alero y las órdenes de la dictadura. Una vez finalizada, y al referirse al corto plazo, el historiador reseña que en los últimos 20 años el vínculo entre las FFAA y la derecha experimentó "cierta erosión" debido "al ocaso de la influencia del exdictador en la agenda pública nacional" lo que provocó que los partidos y dirigentes de este sector político se distanciaran de él, "despinochetizándose".
Y frente a una nueva contingencia crítica, como es la epidemia, el gobierno decide sacar nuevamente los militares a la calle, "en una decisión que mezcló un efectivo interés por controlar la expansión del coronavirus, pero sobretodo una pretensión por volver a controlar las calles, el orden público y las relaciones de poder en el país", puntualiza Ponce.
Para el historiador, otorgar beneficios carcelarios a los condenados por delitos de lesa humanidad es un intento de relativizar históricamente la violación a los derechos humanos. Además, y con base en la mencionada dimensión autoritaria de largo plazo, brinda a los militares "un papel importante en el ejercicio del poder, como garantes de la institucionalidad o defensores de la patria, junto con dar un 'guiño' para acercarse más al mundo militar luego de la revuelta popular".
Reconstruir el orden social
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, (AFEP) coincide en que esta política de relativizar y de victimizar a los violadores a los derechos humanos "con campañas supuestamente 'humanitarias'" no toma en cuenta "que hay casi 900 de detenidos desaparecidos de los que aún no se encuentran sus restos, y que en la mayoría de los casos que han llegado al poder judicial, y se ha avanzado en la investigación, procesamiento y condena, ha sido gracias a las familias de las víctimas y sus abogados".
Para Lorena Pizarro y su organización, los intentos en medio de la pandemia de dar beneficios a los violadores de derechos humanos "mostraron lo que siempre han sido, una miseria sin límites", al cruzar los temas "sin pudor".
El rechazo del Tribunal Constitucional de Chile al requerimiento de senadores de Chile Vamos que buscaba declarar inconstitucional la ley de Indulto Conmutativo promovida por su propio Gobierno, por discriminar a internos que, entre otros, cumplen condena por delitos de lesa humanidad, puso paños fríos a la apertura del debate sobre la impunidad, pero probablemente no detenga la persistente campaña por darle más beneficios.
"Creo que la derecha comprende que, para reconstruir el orden social, económico y político cuestionado en los últimos meses, necesita de las FFAA como un actor importante, concluye Ponce.