"El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a las Juntas Militares, un hecho histórico en la defensa de los derechos humanos que conmocionó al mundo", destacó del Gobierno desde las redes sociales.
Tres días después de asumir como presidente el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín (1983-1989) ordenó el juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares que dieron el golpe de Estadoel 24 de marzo de 1976 con el que fue depuesto el Gobierno de Estela Martínez de Perón (1974-1976).
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, declararon en el juicio 833 testigos, entre exdetenidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad, que dieron cuenta durante de las situaciones que atravesaron durante el terrorismo de Estado.
En total fueron 530 horas de audiencias, durante las cuales el tribunal analizó 281 casos de los 709 presentados por la Fiscalía.
En septiembre de 1985, la Fiscalía encabezada por Julio César Strassera acusó a los procesados de omicidio, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, robo y falsedad documental, en el contexto de un plan sistemático que ideó y llevó a la práctica la más alta jerarquía militar.
Sentencia
El 9 de diciembre de 1985, el tribunal integrado por los jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Andrés D´Alessio condenó a cadena perpetua al dictador y perpetrador del golpe, Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército entre 1976 y 1978, y Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada entre esos años.
En el juicio fueron absueltos otros comandantes, como Omar Rubens Graffigna (jefe de la Armada entre 1978 y 1981), Leopoldo Galtieri (jefe del Ejército entre 1979 y 1982), Jorge Anaya (jefe de la Armada entre 1981 y 1982) y Basilio Lami Dozo (jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1982).
Durante su alegato final, el fiscal Strassera finalizó su alegato con un "nunca más" que se convirtió en el emblema de repudio al terrorismo de Estado de las Juntas Militares.
En diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) indultó a los cinco jerarcas militares condenados como coronación del programa de amnistía que consagró Alfonsín con las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987).
Durante el Gobierno de Kirchner también se retomaron los juicios para investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron al amparo de la dictadura.
Desde que en 2006 se dictara la primera sentencia en el marco de estos procesos, 915 personas fueron condenadas por delitos de lesa humanidad y 144 acusados fueron absueltos a través de 225 sentencias, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de derechos humanos estiman que la última dictadura cívico-militar de Argentina causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 hijos de opositores políticos nacidos en cautiverio.