El peso de la deuda pública externa es una carga que condiciona y determina las finanzas de la economía de Argentina desde hace décadas. Pero hoy se vuelve inexorable ya que la imposibilidad de cumplir con vencimientos de 68.000 millones de dólares con fondos privados atados a legislación internacional deja al país en "default virtual", según las palabras del presidente, Alberto Fernández.
La insostenibilidad de la deuda acumulada se volvió el eje de los argumentos del Gobierno para encarar el tenso diálogo con los acreedores privados. Con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) —principal acreedor del país y auditor de las finanzas públicas—, el equipo económico argentino busca demostrar voluntad de cumplimiento a cambio de la aceptación de un programa de pagos realista pero que implica sacrificios.
"Todavía no estamos en default, todavía hay una instancia de negociación en la cual es mucho más conveniente para Argentina finalmente acordar con los acreedores y volver a los mercados financieros paulatinamente, sobre todo porque si queda afuera el Estado nacional deja afuera a las provincias y al sector corporativo también", dijo a Sputnik el economista e investigador Martín Tetaz.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió una oferta de reestructuración a la Comisión de Valores de los Estados Unidos que solicita tres años de gracia sin pagos, para comenzar a partir de 2023, una quita de 5,4 % del inventario de capital inicial (que equivaldría a 3.600 millones de dólares) y un recorte en los intereses de 62 % (que representaría a un ahorro de 37.900 millones de dólares).
La experta puso como ejemplo el Bono a 100 años emitido en 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri (2005-2019) con intereses de 8 % en un contexto en el que EEUU y Europa emitía por entonces bonos con tasa cero o negativa.
Reacción de la propuesta y continuidad de la puja
Como era esperado, un grupo de bonistas agrupados en el llamado Comité de Acreedores de Argentina (ACC) rechazó la oferta por considerarla "unilateral". La negativa obliga a continuar con el diálogo y tiene como principal demanda una quita menos agresiva de los intereses. En 2019, 20 % del presupuesto nacional se destinó al pago de intereses (no existe ley de presupuesto nacional vigente para 2020, supeditado a la negociación de la deuda).
"Es parte de la negociación lógica, nadie esperaba que los bonistas alegremente aceptaran la primera oferta del Gobierno, que fue en línea con lo que esperaba el mercado. La prueba está en que los bonos se recuperaron tanto en el cierre del viernes como hoy [lunes 20 de abril], entonces el riesgo país cayó de casi 4.000 puntos a 3.400. Hay más gente convencida de que va a haber un buen acuerdo, hay más gente comprando que vendiendo", analizó Tetaz.
Argentina tiene en curso una deuda total de 324.000 millones de dólares (equiparable a 90 % del PBI). La deuda con los bonistas privados llega a 122.000 millones de dólares (36 % del PIB), mientras que la que se tiene con los organismos internacionales supera los 72.000 millones de dólares (21% el PIB). Argentina tiene en calendario un pago inminente de 500 millones de dólares por concepto de intereses el 22 de abril, que se extendería por otros 30 días.
Keene fundó y coordina la red internacional Jubileo Sur/Diálogo 2000 que aboga por la abolición de la deuda externa para los países del hemisferio sur, a la que juzgan ilegítima e ilegal.
Argentina lleva dos años seguidos con caídas en su PBI anual y 2020 se preveía como el tercero consecutivo, aunque sería mucho peor que lo esperado. Según estimaciones del FMI —organismo al que el país le debe 44.000 millones de dólares— como consecuencia del coronavirus se espera una caída de 5,7 % de su producto bruto, la peor recesión desde la que provocó la crisis mundial de 2008.