El Parlamento de Budapest votó el 30 de marzo, por 137 voces a favor y 57 en contra, otorgar plenos poderes al gobierno de Viktor Orban en la lucha contra el COVID-19. La adhesión de los legisladores húngaros a la propuesta de su primer ministro estaba garantizada, pues el líder del partido Fidesz cuenta con una mayoría de dos tercios en la cámara como consecuencia de su aplastante victoria en las urnas, nunca bien digerida por sus enemigos políticos en la UE, que son muchos.
Orban, como cualquier político, quiere tener las manos libres para combatir el virus asesino. El voto en su Parlamento le permitirá tomar decisiones por decreto por un tiempo indeterminado. Ese es el punto que centra los ataques de las autoridades de Bruselas, que no nombraban a Hungría en su primer comunicado de advertencia. Dos días más tarde, 14 países de la UE se unían al coro anti-Orban.
Europa central resiste
En esa lista no figuraba ninguna de las naciones que integran con Hungría el llamado Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia), tampoco Croacia, que ostenta la presidencia semestral de 'los 27', ni Eslovenia, Rumanía o Bulgaria. Un simple vistazo al mapa europeo sirve para poner de nuevo de manifiesto la división entre la Europa habituada a dar lecciones de ética y derechos humanos, y los países centroeuropeos, que por su historia pasada y reciente intentan mantener políticas que no siempre coinciden con unos vecinos que les consideran "del Este", en una calificación que va más allá de lo geográfico y tiene un tufo peyorativo.
Orban utiliza su mayoría en el Parlamento como otros colegas de la UE soñarían, si disfrutaran del éxito electoral del húngaro. Pero si echamos un vistazo a las medidas que otros países europeos están aplicando en su territorio, comprobamos que la tentación de contar con la magia de los "plenos poderes" es otro virus que existe incluso antes de la pandemia actual.
Francia sabe cómo evitar la oposición
El presidente Emmanuel Macron, quizá el enemigo número uno de Viktor Orban en la UE, ha recurrido al botón nuclear del 49.3 para hacer aprobar su reforma del sistema de pensiones y evitar así la opinión y la resistencia de la oposición, incluso de algunos de los parlamentarios de su grupo.
España, sin debate parlamentario
La batalla contra el COVID-19 tiene también sus características especiales en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al frente de una coalición con Unidas Podemos, prefiere evitar la discusión en el Congreso de los Diputados para renovar el estado de emergencia provocado por la epidemia. La cámara permanece cerrada ante las protestas de la oposición.
Orban, Macron, Sánchez o cualquiera de sus homólogos europeos utilizan las herramientas políticas que la ley permite… o no. En nombre de la emergencia y de la urgencia sanitaria, con la obligación de salvar vidas, se justifican acciones que no solo son juzgadas en el momento, sino que están pensadas también para resguardar o evitar la merma de sus aspiraciones y ambiciones electorales pos-COVID-19.