"Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde el régimen del general Augusto Pinochet; a mediados de octubre comenzaron manifestaciones multitudinarias en respuesta al aumento de los precios del transporte público (...) No obstante, las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la violencia", afirmó Amnistía en un informe.
La organización sostuvo que, luego de que el 18 de octubre el presidente Sebastián Piñera declara el estado de emergencia, durante 10 días quedaron suspendidos varios derechos y libertades.
Además, Amnistía señaló que más de 13.000 personas habían resultado heridas durante los dos primeros meses de protestas, y la Fiscalía de Chile había registrado más 2.500 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las que más de 1.500 eran de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 100 eran de delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
"Durante las protestas, con frecuencia se vio al ejército emplear armas letales contra manifestantes; de cada cuatro muertes causadas por las fuerzas del Estado al menos tres lo fueron a manos de miembros del ejército, y una a manos de un carabinero; una de las muertes fue provocada por armamento de uso militar, y decenas de personas resultaron heridas por munición real", agregó.
Sostuvo que en varias oportunidades los Carabineros utilizaron gas lacrimógeno de manera "excesiva e innecesaria" arrojándolo en hospitales, universidades, viviendas e incluso escuelas, lo que afectó a niñas y niños y personas con discapacidad.
Por otro lado, Amnistía denunció que el Gobierno revisó el Plan Nacional de Derechos Humanos para liberarse del compromiso de promover la inaplicabilidad del Decreto Ley de Amnistía de 1978, que concedía amnistía por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1978.
Por otro lado, Amnistía reclamó que continuaron llevándose a cabo proyectos industriales sin contar con el consentimiento de los pueblos indígenas afectados y denunció que durante la crisis social se disparó con perdigones a personas que defendían los derechos humanos mientras prestaban primeros auxilios.
La crisis social en Chile se arrastra desde el 18 de octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.