"Las comunidades indígenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho a la tierra y del ambiente son los grupos de defensores y defensoras que corren mayor riesgo en Perú. La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de ser afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas", dijo Forst según un comunicado del organismo internacional.
El relator indicó que sobre estas personas existe una "creciente estigmatización y criminalización" que requiere ser atendida por el Estado con urgencia.
Forst realizó visitas a los departamentos de Cajamarca (sierra norte), Piura (costa norte), Cusco (sierra sur), Ucayali y Madre de Dios (Amazonía centro), donde pudo corroborar esta situación frente a la defensa de los recursos naturales y los derechos de las poblaciones indígenas.
"En las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medioambiente", señaló el relator.
Por otro lado, el funcionario también indicó que existe peligro y estigmatización en contra de los defensores de los derechos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), así como para los periodistas que investigan casos de corrupción.
Estas personas, sostiene Forst, son blanco de grupos conservadores así como de grupos religiosos radicales.
Entre las recomendaciones, el relator pide al Gobierno garantizar el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas sobre proyectos que puedan afectar sus territorios, así como la legalización de los títulos de propiedad de sus tierras ancestrales.
Asimismo, aconseja promover una campaña estatal para presentar a los defensores de los derechos humanos como "actores clave para el bienestar general y agentes de cambio", así como promover su participación en políticas que puedan afectar sus intereses.
Por otro lado, Forst recomienda fortalecer las instituciones públicas a fin de combatir la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias en desmedro de los defensores; así como garantizar un buen funcionamiento del sistema judicial a fin de evitar la impunidad para los que vulneren los derechos de estos.