"Condenamos tajantemente la escalada de violencia en Bolivia que ha resultado en 23 muertos y centenares de heridos hasta el momento", señala el Ejecutivo.
España comparte además la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Decreto Supremo 4078, que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno.
"Las labores de orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de Derechos Humanos", señala el Gobierno en su comunicado.
Ante la actual situación, España "apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes [15 de noviembre] en Cochabamba".
El Ejecutivo concluye señalando que la celebración de dichas elecciones "debe ser la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas".